Víctimas reclaman una política penitenciaria «sin atajos» ni medidas de «gracia»

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi, Covite, hizo público ayer en Madrid el ‘Manifiesto de la dignidad’, un documento que parte de «reclamaciones históricas» de las diferentes asociaciones de damnificados y que pretende implicar a la sociedad en el final de ETA. El escrito aborda la situación creada tras el cese del terrorismo desde sus diferentes perspectivas. Así, las víctimas advierten de que la política penitenciaria no puede convertirse en una medida «de gracia» y exigen una «Justicia independiente y alejada del control político» para garantizar la «reparación judicial» que merecen.

El manifiesto se dio a conocer durante la clausura de las jornadas que Covite celebró en la sede de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. La asociación contraprogramó de esta forma al Gobierno vasco, que celebró esos mismos días un curso de verano en la Complutense sobre paz y convivencia. De hecho, el lehendakari, Iñigo Urkullu, aprovechó su discurso de apertura para urgir a Mariano Rajoy a dar pasos con los presos que se adapten a la «realidad actual».

La visión de Covite es bien distinta y ayer quedó plasmada en el escrito al que dieron lectura su presidenta, Consuelo Ordóñez, y el miembro de la ejecutiva Josu Puelles. Cuenta ya con una treintena de adhesiones, entre agrupaciones de víctimas –tanto nacionales como extranjeras–, académicos, teólogos y escritores. Los ciudadanos podrán leer el documento y sumarse al mismo en la página web www.manifiestodignidad.com.

Dividido en cinco apartados, el ‘Manifiesto de la dignidad’ aboga por una política penitenciaria «sin atajos», que no conlleve medidas «de gracia», como la «excarcelación anticipada de presos, enmascarada en una aplicación tramposa de la ley», denuncian. Los firmantes advierten de que «firmar interesadamente, a cambio de una recompensa, una petición de perdón, reconocer el daño causado o asumir el pago de indemnizaciones pendientes que nunca se efectuará es un fraude». «Es precisa –subrayan– la colaboración con las autoridades para esclarecer los cientos de crímenes sin resolver. Ese requisito es el único que beneficia a las víctimas y prueba el arrepentimiento real de los criminales».

El temor a un escenario de impunidad se ha revelado una constante en buena parte de los damnificados. El escrito abanderado por Covite estima «imprescindible» una «Justicia independiente» y un «Estado de Derecho que trate los crímenes de ETA no resueltos como una prioridad». «Incluso si han prescrito, debe trabajar por su resolución para que el derecho a la verdad no sea vulnerado», apuntan.

«Irrelevantes»
El manifiesto critica que se acuse a las víctimas de «vengativas» por reclamar justicia. «Es una forma indecente de humillarlas y de desacreditar lo que significa su sacrificio en la salvaguarda de la libertad». «Sin Justicia real e igual para todos, el Estado de Derecho deja de ser tal. Con la impunidad, la reparación de las secuelas no llegará», añaden.

Los firmantes alertan, asimismo, de los riesgos de la «banalización». «Para los terroristas –señalan– resulta relevante que las víctimas resulten irrelevantes para la sociedad». Rechazan que se trate, «como iguales a los asesinos y a las víctimas», como también la existencia de un «conflicto armado entre dos bandos». «Una consolidada cultura de la paz y la confianza en el Estado de Derecho evitaron el enfrentamiento», sostienen. En esta línea, insisten en que «no cabe invocar la razón de Estado para eludir las grandes cuestiones que deben regir el final de ETA». Entre ellas, la «condena de su historia de terror por parte de todos los agentes democráticos». «No hacerlo –apostillan– es compartir el proyecto de la banda».