Nacho Cardero-El Confidencial

España está por detrás del resto de países avanzados en la aplicación de la tecnología en la lucha contra el coronavirus y se ha sustraído del debate sobre sus implicaciones éticas

La línea que separa la asunción de medidas excepcionales para combatir el Covid-19 de la vulneración de libertades y derechos fundamentales resulta difusa, en ocasiones hasta imperceptible. Llega un punto en que el control del virus y el control político se confunden. Sucede con los billones de datos a la hora que los españoles estamos cediendo al Gobierno para frenar la pandemia. Billones de datos, con ‘b’.

El coronavirus lo está cambiando todo. También el modo en que enfocamos debates que ponen en jaque nuestro sistema de garantías constitucional. Lo que hasta hace muy poco hubiera sido considerado un escándalo, es aceptado ahora sin muchos miramientos bajo la excusa del estado de alarma y un anonimato que no es tal.

A raíz del coronavirus, el Gobierno se ha arrogado el poder de rastrear más de 40 millones de teléfonos móviles en España para un estudio de movilidad

“Se escudan en que los datos se están transfiriendo en bruto, sin posibilidad de identificación, pero lo cierto es que son fácilmente ‘desanonimizables’, especialmente para el Estado, que controla la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Si quisieran, podrían cruzarlos”, advierte el directivo de una teleco europea. “Podría convertirse en otro Cambridge Analytica”.

Cambridge Analytica combinaba la minería y el ‘big data’ con la comunicación estratégica para los procesos electorales. ‘The Guardian’ destapó el escándalo, que consistía en la utilización fraudulenta de datos de más de 87 millones de usuarios de Facebook. La consultora los había usado para manipular los resultados de las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de 2016, que finalmente ganó Donald Trump. La empresa cerró tras el escándalo.

A raíz del coronavirus, el Gobierno se ha arrogado el poder de rastrear más de 40 millones de teléfonos móviles en España para un estudio de movilidad, con el objeto de “entender los desplazamientos de la población para ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia” y poder así hacer frente a la pandemia. El estudio se denomina DataCovid y se elabora con los datos de las operadoras de telefonía (Telefónica, Vodafone, Orange), que se entregan anonimizados y agregados.

También se ha lanzado una aplicación para móviles que sirve para geolocalizar a los ciudadanos, iniciativa que el Ejecutivo deja a la libre elección de los usuarios y que solo resulta efectiva si estos se descargan la ‘app’ de manera voluntaria.

¿El DataCovid se trata de un organismo independiente o es como el CIS de Tezanos? ¿Por qué no se hacen públicas las conclusiones?

Ahora bien, ¿dónde van a parar realmente esos datos? ¿Qué se hace con ellos? ¿Qué organismo los controla? ¿Se trata de un organismo independiente o es como el CIS de Tezanos? ¿Por qué no se hacen públicas las conclusiones? ¿Por qué no se les cede tampoco a las comunidades autónomas, como están reclamando? ¿No se debería haber establecido un mecanismo prefijado de desactivación una vez se extinga la alarma?

Tal es la situación que algunos expertos consultados en su día por Teknautas señalan que las telecos deberían pedir permiso expreso a sus clientes si quieren que sus datos formen parte de estos proyectos, incluso aunque sean anonimizados.

Hay consenso en que esta tecnología se erige en una de las principales herramientas para derrotar al virus, en que salva vidas. Nadie pone en duda la utilidad de estas medidas. No se cuestiona el ‘qué’. Lo que se cuestiona es el ‘cómo’.

Vistos los precedentes, cuesta creer que un Gobierno de coalición tan heterogéneo como el que conforman el PSOE y Unidas Podemos, con formas tan dispares de entender el Estado y grandes deficiencias de coordinación a la hora de aprobar medidas para afrontar la pandemia, pueda gestionar correcta, eficiente y éticamente un asunto tan complejo.

Sobre el papel, el tratamiento de los datos ha sido encomendado al Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa, y la titular de la aplicación móvil es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que capitanea Carme Artigas. En la práctica, sin embargo, todos quieren participar del invento. Los datos pasan por Moncloa, Transportes y Economía antes de llegar a Illa. Lo peor no es que todos quieran los datos. Lo peor es que nadie los entiende.

España está por detrás del resto de países avanzados en la aplicación de la tecnología en la lucha contra el coronavirus y se ha sustraído del debate sobre sus implicaciones éticas. Los medios españoles no le han dedicado la misma atención que las cabeceras internacionales.

Habrá que acuñar el concepto de ‘Big Brother’ estatal, una herramienta para conocer, adelantarse y condicionar los comportamientos de los ciudadanos

“Los estadounidenses, que han perdido el control de sus vidas por culpa del coronavirus, al menos deberían poder controlar lo que sucede con sus datos personales”, escribía el equipo editorial de ‘The New York Times’. “El desafío tecnológico y de preservación de la privacidad que implica el rastreo de móviles es complejo y puede hacer pasar por normal lo que en realidad es un sistema de vigilancia totalitario”, en ‘The Atlantic’.

El algoritmo dirige peligrosamente nuestras vidas. “Antes buscábamos a Google. Ahora Google nos busca a nosotros”, dice la economista y filósofa Shoshana Zuboff. Tras el Covid-19, donde Zuboff colocaba a Google habrá que poner al sector público, y donde hablaba de “capitalismo de la vigilancia”, para predecir las acciones de los internautas con el propósito de beneficiarse económicamente, habrá que acuñar el concepto de ‘Big Brother’ estatal, una poderosa herramienta que sirve para conocer, adelantarse e incluso condicionar los comportamientos de los ciudadanos. Igual que ha ocurrido en China. ¿Quién vigila al vigilante?