EL CONFIDENCIAL 28/03/14
ANTONIO CASADO
Los incidentes por las manifestaciones estudiantiles de ayer (dos jornadas de huelga convocadas en toda España), con media docena de detenidos en el área universitaria de Madrid, cursan como dosis de recuerdo respecto a los sucesos del sábado al final de las llamadas “Marchas por la Dignidad”. La infiltración de radicales nos hizo olvidar el carácter pacífico de la inmensa mayoría de los manifestantes y ahora los términos de la ecuación se repiten en diversas formas de conjugarlos.
Esta es la mía: violencia inaceptable como efecto tóxico de un disgusto social sobradamente justificado. En el medio, la discutida actuación policial. Por defecto y no por exceso, lo cual ha desencadenado también el consiguiente debate político.
Aún no se conocen las causas de la indefensión de los agentes que actuaron en los alrededores de la plaza de Colón. Seguimos sin saber quién o quiénes fueron los responsables de haber puesto a los agentes a merced del terrorismo callejero. Y seguimos sin confirmar la sospecha de que la presencia de observadores internacionales forzó la orden de “aguantar” (“pelotas, no”). Pero no hace falta esperar a los resultados de la investigación para dejar claro que, en ese sentido, los manifestantes y los policías están del mismo lado.
La insoportable intencionalidad política que se despacha a propósito de lo ocurrido el fin de semana pasado no nos está dejando ver que los violentos son el enemigo común de los manifestantes de la “dignidad” y los agentes de las UIPNadie está resaltando esa afinidad de intereses, que va de suyo en un régimen democrático, durante la retorcida disputa mediática y política abierta a raíz de los incidentes del 22-M en Madrid, que se saldaron con 67 policías y 34 activistas heridos de diversa consideración. Y nadie destaca que, como ayer decía un dirigente del SUP, “ningún policía quiere enfrentamientos con el pueblo porque somos la policía del pueblo”.
Sin embargo, nadie deja de posicionarse sólo en torno a la violencia, practicando la caza de quienes se abstienen de condenarla. O sólo en torno al sufrimiento de las capas más castigadas por la crisis, dedicando una mirada distraída a los grupos adiestrados en el vandalismo.
La insoportable intencionalidad política –léase partidista– que se despacha a propósito de lo ocurrido el fin de semana pasado no nos está dejando ver que los violentos son el enemigo común de los manifestantes de la “dignidad” y los agentes de las UIP (Unidades de Intervención Policial).
De ahí el imperativo de colaboración entre convocantes y fuerzas antidisturbios, a fin de aislar a los provocadores. Es insoportable el recuerdo del grupo de policías cuya vida corrió peligro al quedarse aislados ante una horda de gente organizada para reventar la marcha. Se nos debería caer la cara de vergüenza a todos.
Lo demás es una cuestión técnica. Por ejemplo, la necesidad de elaborar el exigible protocolo de actuación de las UIP, que está pendiente por pura ‘dejadez’ de los jefes políticos y operativos de la Policía Nacional. Y, en cuanto a los hechos en sí, urge la depuración de responsabilidades, localizadas entre el jefe del operativo y sus superiores del Ministerio del Interior.