No es baladí que la mayor potencia de la Unión ponga obstáculos a un principio básico de la integración europea como el libre movimiento de ciudadanos. Aunque lo haga acogiéndose a una previsión del Acuerdo de Schengen que permite limitarlo en caso de amenaza para la seguridad interna, un concepto que se presta a múltiples interpretaciones. Este precedente -máxime por quién lo protagoniza- tiene una enorme relevancia y abre la puerta a que tal excepción se convierta en moneda de uso común. Evidencia, además, el paulatino avance de los postulados restrictivos en este ámbito, cuya versión más radical defienden formaciones ultras, pero que ganan terreno no solo donde ellas gobiernan, sino que están haciendo virar a fuerzas moderadas. Habla por sí solo el alborozo con el que Marine Le Pen o el húngaro Viktor Orbán han acogido el giro de Scholz. Como resultan llamativas las alabanzas del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, y de Alberto Núñez Feijóo a las drásticas políticas de la italiana Giorgia Meloni, permitidas por la UE.

Gestionar la migración regular y la irregular es uno de los principales desafíos de la Unión, que ha de conjugar sus valores fundacionales con sus necesidades económicas y de seguridad y su capacidad de acogida. Un delicado equilibrio en el que es preciso huir tanto de las recetas populistas como de un estéril buenismo. El hecho de que la migración constituya ahora el principal problema para los españoles, según el CIS, refleja una inquietud social que obliga a abordarla con realismo y a una labor pedagógica que desmonte los discursos xenófobos.