Visca la farsa

BIEN está la teoría del mal menor. Bien está que el Gobierno no haya querido regalarle a Artur Mas la foto de la Guardia Civil retirando las urnas de cartón. Bien está que los secesionistas se autoengañen con un simulacro de referéndum sin censo ni garantías que sonrojaría al más integrista de los bolivarianos. Bien está que los soberanistas se crean su propia impostura y se autoestimulen en su delirio con una chapucera parodia democrática. Bien está que los catalanes no independentistas se hayan mantenido en discreto y sereno apartamiento para no enturbiar el ambiente de la comedia. Pero no hacía falta tan clamoroso absentismo de un Estado cruzado de brazos ante el intento de convertir en una efeméride heroica lo que no ha sido más que una vergonzosa farsa.

Una farsa tolerada por cierto con un dudoso criterio de apaciguamiento táctico y político que muchos españoles no comparten. Aunque la iniciativa de autodeterminación haya quedado desactivada, las instituciones de la democracia han hecho clamorosa dejación de autoridad al permitir que suceda lo que habían prohibido. Y si a partir de hoy no toman medidas que comprometan seriamente a los que han organizado la estafa y se han responsabilizado de ella habrá enviado a los ciudadanos de toda la nación el peligroso mensaje de que las leyes y las decisiones judiciales se pueden incumplir sin que ocurra nada. La impunidad, como se ha visto con los casos de corrupción, irrita sobremanera a la gente. Y es posible que por no crispar a la comunidad catalana se haya generado un sentimiento de agravio en el resto de la sociedad española, atufada por el desagradable olor de un pacto camuflado en torno a la carnavalada.

Para disipar ese ominoso aroma de sospecha es necesario que lo de ayer tenga consecuencias. La actitud complaciente de la Fiscalía y de algunos jueces da que pensar sobre la componenda presentida. Si Rajoy hubiese usado su mayoría absoluta para restaurar la sanción penal que Aznar estableció sobre la convocatoria de consultas ilegales, esta bufonada constituiría para algunos un motivo de pesadumbre. El Estado debe minimizar o modular puntualmente el ejercicio de su autoridad para evitar males mayores; en eso también consiste la política. Lo que en ningún caso puede hacer es faltarse el respeto a sí mismo y a sus reglas. Y mucho menos admitir que se cachondeen de él en su cara.

El butifarréndum es un fracaso objetivo del nacionalismo, que había fijado el 9 de noviembre como su punto de no retorno y se ha tenido que consolar con el torpe desahogo de una mascarada. Pero precisamente por eso, por el nulo valor de este fullero trampantojo, no es aceptable que una nación moderna y democrática se achique ante la arrogancia de ciertos caciques engallados sin que nadie les ponga en el sitio de su derrota. Porque la ley no regala empates y porque los relatos políticos sí importan.