Lourdes Pérez, EL CORREO, 27/6/11
Los primeros pasos de Bildu en el poder cuestionan la contención por la que venía inclinándose la izquierda abertzale, cuyo futuro legal depende de la sentencia del caso Bateragune y de la decisión del TC sobre Sortu
La polémica provocada por los primeros gestos de Bildu en el poder -negativa a exigir a ETA que lo deje para siempre, retirada de símbolos como la bandera española o el retrato del rey, agitación en torno a la independencia o la presencia de las fuerzas armadas en Euskadi…- ha desplazado a un segundo plano la solución buscada para la ‘crisis de los escoltas’ en Andoain. Consciente de que la decisión de la alcaldesa de prohibir la presencia de los guardaespaldas de la oposición amenazada no solo había generado una irremediable incomprensión fuera de la sigla de Bildu, sino que la medida es contraproducente para sus propios intereses, la izquierda abertzale se ha avenido a reconducir el veto, contactos con el Gobierno Vasco mediante. En las próximas horas, cuando la alcaldesa se reúna con los ediles de PSE y PP, se conocerá la letra pequeña del arreglo. Pero la reconsideración de los impedimentos puestos a los escoltas contrasta ya con la visceralidad que dejan traslucir algunos pronunciamientos y actuaciones protagonizados después por cargos institucionales y dirigentes de Bildu.
Más allá de las apelaciones a la ética y a la sinceridad, que serán verificables a partir del día en que el terrorismo desaparezca totalmente, el triunfo electoral de la coalición soberanista sitúa a la izquierda abertzale tradicional ante una disyuntiva. Seguir amparándose en el pragmatismo con el que ha guiado su escalonado desmarque de la violencia etarra y el regreso a la liza política normalizada, lo que significa medir al milímetro cada paso para incomodar lo justo al Estado al que pretende involucrar en la bajada de persiana de ETA y del que sigue dependiendo la legalización de Sortu; o bien dejarse llevar por lo instintivo, por las entrañas, contentando desde la recién inaugurada primacía institucional al sector más aguerrido, con un discurso y unas conductas tan ortodoxas como insuficientes o impropias del nuevo ciclo que Bildu reivindica con ardor.
La sokatira entre el pragmatismo y la visceralidad se tensará mientras ETA siga sin dar señales incontrovertibles de que va a renunciar a las armas para siempre; mientras se despejan los dos principales interrogantes que pesan hoy sobre el futuro de la izquierda abertzale ilegalizada -el juicio por el caso Bateragune y el debate en el Constitucional sobre la legalización de Sortu-; y cuando el peso de la realidad ponga a prueba la gestión cotidiana de los asuntos públicos en la Diputación de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia y el resto de instituciones gobernadas por Bildu. Es obvio que la legitimidad de la marea de votos cosechada por la coalición alienta los comportamientos más predecibles en la izquierda abertzale de toda la vida. Porque previsibles eran la retirada de la bandera española o del retrato del rey, el cuestionamiento a las primeras de cambio del actual marco político-jurídico o la resistencia a reclamar a ETA que ponga fin a su dramática historia. En este último punto, Bildu se ha refugiado en una significativa equidistancia: al abogar por el diálogo entre el Gobierno y ETA, como si la cosa no fuera con ella, sortea las exigencias que le dirigen el resto de partidos para que se aparte sin ambages del pasado, el presente y el futuro de la organización terrorista.
No obstante, lo que no era tan predecible son las prisas por aplicar iniciativas que bordean la ley o coquetean, cuando menos, con su incumplimiento. Máxime cuando Bildu está obligada a conducirse de forma muy cuidadosa con la legalidad vigente, si no por absoluta convicción, sí porque su relevante papel institucional así lo demanda ahora y, sobre todo, porque la izquierda abertzale ilegalizada todavía se encuentra en cuarentena judicial. Aunque disponga de la palanca electoral de Bildu, el mundo identificado con la vieja Batasuna precisa tomar cuerpo diferenciado en Sortu para hacer valer su proyecto político. Y eso continúa pasando por el Constitucional, que podría dejar constancia formal esta semana de la admisión a trámite del recurso presentado por el nuevo partido contra la prohibición del Supremo. Es evidente que la representatividad institucional alcanzada por el mundo de la izquierda abertzale dificulta cualquier regresión, incluida la de los poderes del Estado hacia ella. Pero bastaría con que variara la composición actual del TC, previo pacto PSOE-PP o con los populares en La Moncloa, para complicar el porvenir de Sortu.
Un porvenir que también se juega en el juicio que arranca hoy en la Audiencia Nacional contra Arnaldo Otegi, Rafa Díez y otros seis dirigentes de la antigua Batasuna. En la acusación contra ellos de pretender reconstruir en 2009 la marca ilegalizada, en connivencia con ETA, subyace la misma desconfianza que llevó al Supremo a cerrar el paso primero a Sortu y después a Bildu. La credibilidad de la apuesta por las vías políticas pasa, en buena medida, por el alegato que se espera de Otegi desde el banquillo y más allá del pin en su honor prendido en la solapa de Martin Garitano.
Lourdes Pérez, EL CORREO, 27/6/11