«Hay muchos millones de españoles que están dispuestos a resolver el problema de las autonomías. Son aquellos cuya voz no ha sonado todavía», sostenía un célebre editorial del diario ‘El Sol’ publicado en diciembre de 1918.

El editorial, mencionado sesenta años después por Miquel Roca durante los debates constitucionales, fue la respuesta que el periódico más prestigioso de la época dio a un discurso de Antonio Maura, quien previamente había polemizado con Cambó sobre el “problema catalán” (sic).
En medio de la disputa, aunque llegaron a ser grandes amigos y hasta compañeros de Gobierno, terció en esa misma edición del diario liberal por excelencia Ortega y Gasset, quien recordó al presidente del Consejo de Ministros que la soberanía “no quiere decir libre albedrío”. Es más, sostuvo el filósofo madrileño, “no es un acto soberano que el municipio acuerde que la acera tenga dos metros”.El debate a tres bandas entre Maura, Cambó y Ortega tuvo como telón de fondo la cuestión catalana, pero en realidad lo que estaba en juego era la naturaleza del poder autonómico para el conjunto de España tras el fracaso cantonalista de la I República, y que muchos han asociado al célebre ‘¡Viva Cartagena!’, sinónimo de la casa de Tócame Roque. Es decir, el triunfo del caos y la algarabía política frente a la cordura.

 El propio Cambó reconoció durante su intervención que las extralimitaciones del poder regional son corregidas por “una soberanía superior que lo mantiene dentro de la órbita que le está trazada”. Y Ortega, en la misma dirección, advertía ante las tentaciones soberanistas de medio pelo que “el Poder [con mayúsculas] que crea por una ley el poder regional, puede con otra ley deshacerlo”. Era una manera de decir que los desmanes o, incluso, los delirios regionalistas solo pueden corregirse con normas superiores capaces de meter en cintura ensoñaciones territoriales.

En medio de la pandemia

Unas ensoñaciones que históricamente se han ceñido al País Vasco y Cataluña, pero que en los últimos años, a medida que el Estado autonómico se ha ido asentando y, en paralelo, degradando el sistema político (cuatro elecciones generales en los últimos cinco años), se han ensanchado, hasta el punto de que un pequeño territorio que representa apenas el 3,2% de la población y el 2,6% de la riqueza nacional ha puesto patas arriba lo que queda de legislatura. Y lo ha hecho no en cualquier momento. Precisamente, en medio de una pandemia y de una formidable crisis económica, lo que dice muy poco de los impulsores de tanto desbarajuste. De hecho, existen legítimas razones para pensar que la posición de Ayuso durante toda la pandemia tiene que ver con una estrategia electoral deliberada para expulsar a Ciudadanos en el momento oportuno que la torpe maniobra de Arrimadas y Sánchez ha puesto en bandeja. Es decir, se ha traficado políticamente con la pandemia, lo cual lo dice todo.

Hay razones para pensar que la posición de Ayuso tiene que ver con una estrategia electoral que Cs y PSOE han puesto en bandeja

El caso de Murcia como detonante de una explosión en cadena muestra, de hecho, lo que sucede cuando el sistema autonómico –ver este gran trabajo del profesor Lago Peñas sobre los 40 años de funcionamiento del modelo– se aleja de su objetivo primigenio, que es acercar la gestión pública a los ciudadanos para hacerla más eficiente, y, por el contrario, se convierte en determinante de la gobernabilidad general del país. Es decir, cuando se utilizan los gobiernos regionales para influir en la estabilidad política de España. O, incluso, en el caso de Madrid, para condicionar a Casado, lo cual supone un auténtico atropello al modelo constitucional, que delimita perfectamente las competencias de cada nivel territorial pero que para nada está pensado para convertir a las regiones en arietes de la política nacional.
 Entre otras razones, porque eso sería lo mismo que pervertir la naturaleza de las elecciones autonómicas, donde se elige al Gobierno para resolver los problemas de un determinado territorio, nunca para condicionar el Parlamento nacional o mostrarle el camino al líder del partido para enseñarle cómo se hace la oposición “sin complejos”.
No fue por casualidad por lo que el legislador decidió inicialmente que los únicos presidentes que podían disolver los parlamentos regionales eran inicialmente los de aquellas comunidades que accedieron al autogobierno por la vía rápida (artículo 151), mientras que el resto (las que accedieron a través del 143) estaban sometidas a la legislación nacional y, por lo tanto, celebran elecciones al mismo tiempo. Madrid, de hecho, tendrá que repetir comicios dentro de dos años pese a la jugada de Díaz Ayuso.

Confusión de confusiones

Esta confusión entre lo regional y lo nacional, que son espacios distintos de la acción pública, aunque tengan vasos comunicantes, se explica por la propia degradación del sistema autonómico, que lejos de estar cerrado mediante un pacto federal que delimite perfectamente el campo de juego de cada Administración, como sucede en Alemania o Canadá, sigue abierto en canal por ausencia de instituciones que le den coherencia. Pero también porque los partidos que pasan a la oposición tienden a ver en los gobiernos regionales que todavía controlan un instrumento útil para zurrar al Gobierno de la nación.

 La confusión entre lo regional y lo nacional, espacios distintos de la acción pública, se explica por la degradación del sistema autonómico

El PSOE de González fue el primero que puso en marcha este singular mecanismo de oposición cuando Chaves, Bono y Rodríguez Ibarra se convirtieron en los arietes contra el primer Gobierno de Aznar, y posteriormente el PP ha hecho exactamente lo mismo utilizando Madrid como instrumento propagandístico, lo cual no es más que un fraude a los electores. Cada elección (nacional, regional o local) es diferente, y si se piensa que en realidad son siempre las mismas porque los partidos son idénticos habría que volver al Estado jacobino franquista, donde no había diferentes niveles competenciales. Todo el poder para el jefe político.

Mociones preventivas

Lo relevante, sin embargo, son las consecuencias que puede tener para la estabilidad política el baile de mayoría en los gobiernos regionales, no en función de los intereses de los ciudadanos de esos territorios, lo cual es perfectamente legítimo, sino de otros intereses más espurios. Como ha señalado con acierto Ignacio Varela, España acaba de inventar la moción de censura defensiva y la disolución del Parlamento de carácter preventivo, lo cual no solo es un disparate constitucional sino que, sobre todo, abre la vía a que los virreyes autonómicos se den cuenta de que tienen un instrumento extraordinario para influir en la política nacional. Ya sea en su propio partido, y a nadie se le escapa que Casado se juega su futuro político el próximo 4-M, o, por supuesto, en la política de alianzas.

 

Se abre, por lo tanto, un nuevo tiempo político de imprevisibles consecuencias si no se maneja con racionalidad. ¡Viva Cartagena!

Entre otras razones, porque hasta las reformas estatutarias que se iniciaron en el año 2006, solo los presidentes del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía tenían reconocida la facultad de disolución parlamentaria anticipada de manera plena (la de la vía rápida), pero ahora el botón nuclear se ha generalizado. Esto hace, como recuerda este trabajo del catedrático Oliver Araujo, que los jefes de Gobierno autonómicos adquieran “plena capacidad para dominar el tempo electoral, sin interferencias jurídicas externas al propio escenario político autonómico”. Se abre, por lo tanto, un nuevo tiempo político de imprevisibles consecuencias si no se maneja con racionalidad. ¡Viva Cartagena!
 Es coherente, sin embargo, que cada presidente autonómico tenga capacidad de disolver la cámara legislativa correspondiente, al fin y al cabo la decisión sobre la fecha electoral forma parte indeleble del autogobierno. Cosa distinta son los motivos de la disolución. Es decir, cuando se convocan elecciones por razones que no tienen que ver con la cuestión territorial específica sino con elementos ajenos, ya sea ganar peso en el propio partido para aprovechar el mal momento del socio de coalición o como respuesta a un suceso político que ha ocurrido a 500 kilómetros.Hasta el momento, la cantonalización de la política, cuyo espacio natural es la ideología, se había circunscrito a algunas provincias, algo que explica la creciente fragmentación del Parlamento, pero lo sucedido en los últimos días no es más que un incentivo para que los caciques locales se hagan fuertes y quieran condicionar la política nacional, que es un territorio completamente distinto. Estanislao Figueras sabía mucho de ello cuando proclamó después de salir del Consejo de Ministros, en plena vorágine cantonal, su célebre: “Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros”.