Tendría que servir también a las instituciones como acicate para aplicar con celeridad medidas que hagan más asequible el acceso a una vivienda digna, sin que su pago obligue a empeñar gran parte de los recursos familiares. O, peor aún, termine en un dramático desahucio. Mientras no se resuelva esta brecha, aumentará el riesgo de fragmentación en las clases medias, en retroceso por sus crecientes penurias. Empleos precarios y precios prohibitivos para vivir se sitúan en el «epicentro» de la desigualdad. La reflexión es cómo es posible tal nivel de fragilidad -380.000 vascos malviven en lugares «inadeacuados» o «insalubres»- cuando se consolida una evolución notablemente positiva del mercado laboral, que ha incorporado a 4.400 nuevos trabajadores en una comunidad con una renta por persona de 18.885 euros anuales.

La precariedad lastra el desarrollo conjunto de Euskadi. Solo hay que ver los problemas para asegurarse la cesta de la compra, cada vez más encarecida y dependiente de entidades tan esenciales para sostener el bienestar como el Banco de Alimentos; el peligro de la desintegración, especialmente de los nuevos vascos que llegan a buscarse la vida; y una emancipación frenada en seco hasta el punto de tener que elevar a 39 años la edad para que los jóvenes se beneficien de ayudas sociales en la búsqueda de un piso. Que el 13% de los hogares confiese que ha conocido el hambre en los últimos años revela lo lejos que está Euskadi de ser un oasis y la necesidad de crear las condiciones para un empleo y una vivienda decentes.