Como si no tuviésemos bastantes elementos de fricción con todo lo que hay en el ambiente, ahora viene a sumarse el problema de los menores no acompañados que plantean amenazas de ruptura entre Vox y el PP en las cinco comunidades que los dos partidos de la derecha española gobiernan juntos, a saber: Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Murcia y Extremadura.
Este es un asunto que en Cataluña no se ha acabado de digerir. Con la inmigración viene a pasar algo parecido a lo que pasa con el rechazo a la extrema derecha en España por la izquierda: si tienen a Vox, fantástico. En otro caso, les valdrá el PP. Recuerden los viejos tiempos en los que Marta Ferrusola, això és una dona!, se quejaba del lamento de sus hijos: “Mis hijos no podían jugar en el parque cuando eran pequeños. Me decían, madre, todos son castellanos”. Tuvo ERC un presidente en Heribert Barrera que concentraba un destilado puro de xenofobia. No se cortaba a la hora de decir que los negros en América tenían un cociente intelectual inferior a los blancos o «podemos haber superado la inmigración andaluza, pero no sé si podremos con la sudamericana y magrebí».
Bueno, pues la última manifestación del problema se ha producido en la asignación de los menores no acompañados a la hora de repartirlos por todas las Españas. Junts y ERC no están conformes con lo que a Cataluña parece haberle tocado en el reparto. Ya hubo problema hace unos meses y se acrecentó desde la precampaña para las elecciones autonómicas. El partido de extrema derecha independentista Aliança Catalana que lidera la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriol, que ya desde su estreno en el Parlament hizo gala de una xenofobia que a finales del pasado mes de mayo le costó una multa de 10.000 euros impuesta por la Generalidad por haberse manifestado radicalmente contra la sharía en un debate electoral. Es de temer que la cosa va a ir a má, teniendo en cuenta que en abril había 6.600 menas en Cataluña que sobrepasaba el 150% de su capacidad de acogida. Se da además la circunstancia de que los menores perciben una paguita de 664 euros hasta que cumplan los 23 años. ¿Y qué pasará después? Pues muy probablemente que las mafias les estarán esperando con los brazos abiertos y que los jóvenes estarán ya perfectamente preparados para emprender una carrera delictiva si no la habían empezado aún. Recordemos el precedente que sentaron los menores prostituidos en Mallorca.
El asunto de los menores y su adjudicación también ha supuesto un elemento de choque entre los dos partidos de la derecha española. Núñez Feijóo ha manifestado su predisposición a acoger a los menores en las comunidades autónomas gobernadas por su partido y también en las que cogobierna junto a Vox. Santiago Abascal ha dicho que el reparto de menores iría claramente en contra del fondo y de la forma de los pactos regionales y sería causa de ruptura, pero no parece que vaya a llegar la sangre al río. Son voces nada más. Romper saldría carísimo.