Santiago González-El mundo
Asomarse a la tragicomedia catalana produce la desasosegante impresión de que el patrón de tanta perversión es Marta Rovira. Un suponer, Antoni Castellà, ex parlamentario que perdió su escaño el 27 de octubre cuando el presidente del Gobierno disolvió el Parlament en aplicación del 155. Castellà fue uno de los miembros de UDC que fueron expulsados y que ahora es candidato de ERC.
El caso es que Antoni Castellà explicó la cuestión a la alegre muchachada de la CUP, insatisfecha con el apaciguamiento del discurso republicano y su alineamiento en la estrategia del diálogo. Castellà trato de calmar como pudo a sus socios antisistema y, como era de esperar, lo hizo mal, al anunciar que «ERC recuperará la vía unilateral si el Gobierno no acepta el resultado del 21-D».
Yo no sé lo que entendieron los excarcelados por el juez Llarena tras acatar el artículo en cuestión y pagar con los dineros de la ANC –que es el de todos nosotros, y todas nosotras, por supuesto–, las fianzas que les fueron impuestas como medidas cautelares por el Supremo, pero tengo la impresión de que se equivocan en materia grave. El Gobierno aceptará el resultado de las elecciones, como no puede ser de otra manera. Después de todo las ha convocado él. El problema es qué van a hacer los excarcelados si ganan, una hipótesis razonable, habida cuenta de que los separatistas puros sacarán ventaja a los constitucionalistas estrictos, salvo que contemos entre estos a los comunes, que sería mucho contar. La victoria de Inés Arrimadas no sería bastante para que ella presidiera la Generalidad. Es triste, pero es así la vida.
El Gobierno aceptará los resultados, pero los eventuales ganadores se verían de nuevo en la casilla de salida: podrían formar un Gobierno autonómico que estaría obligado a acatar la Constitución, so pena de volver a las andadas, a la aplicación del 155 y a cambiar los aires de Montserrat por las flatulencias de Estremera que tanto aterran al pobre Rull y por el gitano exhibicionista que le había cogido ley a Jordi Sànchez.
El magistrado Llarena lo había dejado todo bastante claro el 9 de noviembre, al decretar la libertad condicional bajo fianza de los miembros de la mesa. No descartaba su intención de persistir «y transformar la próxima legislatura en un ilegal proceso constituyente». Recordaba que todos los querellados habían renunciado «a cualquier actuación fuera del marco constitucional». Es lo que hay y si sus afirmaciones resultaran ser mendaces, como no descarta Pablo Llarena que pueda suceder, se podrán «modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga».
ERC ha vuelto a las mendacidades por vía Castellà. Sus declaraciones no tienen por qué afectar a los excarcelados, pero no se me ocurre que ningún periodista pueda acercarse a ellos sin preguntarles por el tema. Y el juez Llarena ya sabría lo que debe hacer, aunque yo ya no sé si esto bastará para convencer a Arcadi Espada.