Isabel San Sebastián-ABC

• No sé qué produce más asco, su desvergonzada hipocresía o la de Sánchez al intentar blanquear a su aliado

En España existe una última instancia judicial, el Tribunal Supremo, que resuelve con arreglo a la Ley, y un órgano político, el Constitucional, dotado de poder para revocar sus sentencias en función de lo que convenga a los gobernantes de turno. Se supone que sus fallos se atienen a lo establecido en la Carta Magna, pero con excesiva frecuencia sus integrantes votan lo mismo que los partidos que los propusieron. Los ejemplos históricos abundan, aunque ninguno resulta tan elocuente y vomitivo como los referidos a ETA y sus tentáculos institucionales.

En 1997 el Supremo condenó a siete años de prisión a los 22 componentes de la Mesa Nacional de HB, dirección de la organización criminal, por un delito de colaboración con banda armada consistente en ceder a los pistoleros un espacio electoral. Unos meses más tarde el Constitucional los liberó, coincidiendo con la tregua-trampa de ETA y la negociación abierta durante el Gobierno de Aznar, contra el criterio del ministro del Interior, Mayor Oreja, quien estuvo a punto de dimitir para mostrar su rechazo. En marzo de 2003, el Alto Tribunal ilegalizó por unanimidad a Batasuna y Sortu, dos marcas utilizadas por la serpiente para hacer compatible el tiro en la nuca con la urna y la papeleta, al considerar que vulneraban la recientemente aprobada Ley de Partidos. Un año después, ya con Zapatero en La Moncloa y Eguiguren tomándose cafés con Josu Ternera con el fin de pergeñar esa rendición bautizada como «proceso de paz», empezaron a sentarse las bases para repetir la jugada, que culminó en 2012 con la legalización de esas dos formaciones que jamás condenaron un atentado ni mucho menos ayudaron a esclarecer los más de trescientos pendientes de resolución. Fue uno de los pagos comprometidos por el socialista a cambio de que los asesinos, que ya habían sido derrotados policial y judicialmente, se avinieran a escenificar el abandono de la violencia. Ahora vencen otros plazos y toca repetir paripé, a ver si pica la opinión pública y se humilla un poco más a las víctimas.

Arnaldo Otegui, alias ‘Gordo’, depende nuevamente del Constitucional, que debe resolver el recurso planteado por sus abogados contra la decisión del Supremo de repetir el juicio anulado en Estrasburgo por un defecto de forma. Al mismo tiempo, Marlaska sigue sacando basura etarra camino de las cárceles vascas y se ha transferido su gestión al ejecutivo autonómico, con el propósito de que sea éste quien termine de ponerla en la calle. De nuevo la Justicia se enfrenta al cambalache político, momento en el cual este terrorista convicto, que jamás ha mostrado el menor signo de arrepentimiento, dice «lamentar el dolor» causado por sus colegas a todos los inocentes abatidos a sangre fría. No sé qué produce más asco, su desvergonzada hipocresía o la de Sánchez al intentar blanquear a su aliado.