Votar contra los delincuentes

El monopolio socialista se extendió en Andalucía a lo largo de cuarenta y un años: desde 1978 hasta 2019. Cinco años más de lo que duró en España el franquismo. Se me ocurre que alguna vez tendrán también los historiadores que afrontar los recovecos de esa turbia memoria histórica del socialismo sureño. Que no llegó al medio siglo que Felipe González juzgaba salutífero para equilibrar la España moderna. Pero que es, en pura objetividad, una anomalía con escaso precedente en países civilizados. Cuyos rescoldos aún no acaban de extinguirse.

No me venga nadie con la chiquillada de que una democracia puede soportar ese tipo de inercias. Es falso. Obviedades como la de que una democracia no es una dictadura no podrían ocultar que cualquier poder político, prolongado durante lapsos extremos –y cuarenta y un años son un lapso muy extremo–, corrompe inevitablemente la sociedad sobre la cual se ejerce. Y que un partido que gobierna en solitario durante cuatro decenios llega, al final de esa pequeña eternidad, podrido por completo. No existe entidad humana que no se agusane en un tiempo tan largo.

Aún más graves fueron las deducciones que, de su cabalgada triunfal, extrajeron los capataces de González y Guerra en su día. No existía motivo, proclamaron, para que idéntico modelo no pudiera ser repetido en toda España. Fue entonces cuando Andalucía apareció como su gran laboratorio. Aquel que enseñaría a gestionar los comportamientos de una sociedad en la que las viejas servidumbres de una dictadura fueran reorientadas como nuevas servidumbres bajo un régimen parlamentario. Y reinventaron la corrupción. Bajo emblema postmoderno.

Lo que el laboratorio andaluz puso de realce entonces era nítido. Y alarmante. El blindaje del voto era posible. Siempre que se hallara el modo de financiarlo con una compra masiva de voluntades. Porque la papeleta, en una sociedad tan fuertemente azotada por el paro y la precariedad como lo era entonces la del sur de España, sólo podía adquirirse a golpe de talonario. ¿Pero cómo operar ese pago y con qué fondos? El PSOE de González halló la preciosa fuente y el modo discreto para eso: las ayudas europeas. En la práctica, inagotables. Del PER a los ERE, el uso de auxilios y subvenciones fue convertido, por mano de las autoridades socialistas locales que los administraban a su arbitrio, en estafa pura y simple. Sin atenuantes. Y, cuando finalmente dos presidentes andaluces, Griñán y Chaves, fueron juzgados y condenados en el Supremo por sus delitos, el Constitucional de Conde Pumpido cumplió con la misión que le ha sido encomendada en nuestro dudoso presente: que ni un solo delincuente socialista pise la cárcel demasiado tiempo.

A un control de las urnas que era mezcla eficiente de bandolerismo humanitario y antañón caciquismo, añadieron los socialistas, desde la Transición, un pellizquito de epopeya retórica antifranquista. Con el cual hacer olvidar que la genealogía de buena parte de los dirigentes históricos del PSOE andaluz hundía sus raíces en familias de la más bruñida estirpe franquista. Ser retoño de gerifaltes de una dictadura no es delito. Pero presumir exactamente de lo contrario de lo que se ha sido, la verdad, resulta muy ridículo. Pero, en fin, no es nada demasiado nuevo. Así son los humanos.

La supervivencia subvencionada tuvo efectos que eran previsibles. Andalucía, que al inicio de la transición aparecía como la región más dotada de España para saltar a una modernidad rentable, se enfangó en el parasitismo estéril que los gobiernos socialistas propiciaban. El estancamiento y el desengaño devoraron todo lo que hubiera debido ser proyecto de un futuro moderno. La expansión de una subeconomía «narco» en zonas amplias de la costa, anuncia hoy hasta qué punto aquel jugar con el fuego de las subvenciones improductivas iba a acabar por ser peligroso.

Pero los andaluces reaccionaron, al cabo. Y el proyecto de una Andalucía indefinidamente estancada en la obediencia a una mafia de señoritos políticos travestidos en salvadores, se quebró. La tosquedad de la corrupción había llegado allí a un extremo insoportable. En 2019, al votar a Moreno Bonilla, los electores andaluces no apostaban tanto a favor de un rostro nuevo, cuanto en contra de la banda de viejos expoliadores que había logrado erigirse en intocable. Fue una sorpresa. No lo es, ahora, que esa sorpresa resista, pese a la erosión que gobernar trae consigo. Disfrutar de una administración «normal», después de cuarenta años de arbitrariedad, reconforta.

La racionalidad política es eso. No votar a favor de nadie: porque todos los votables son, en uno u otro grado, sospechosos. Votar, sí, en contra de algunos: en contra de aquellos que no son sospechosos. Ya. Porque son delincuentes probados, juzgados y condenados. De esa racionalidad política nos habla el voto andaluz. Y, esperemos que muy pronto, nos hablará el de España. Vox cometería un error grave no apercibiéndose de la entidad del envite de anoche. La pasión debe ceder ahora al más frío análisis.