La moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos para hacerse con el Gobierno de la Región de Murcia y con el de su capital desató ayer un temporal. Mientras la Comunidad de Madrid se debate entre la convocatoria de nuevas elecciones, por iniciativa de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, y la tramitación de sendas mociones -de Más Madrid y del PSOE- para desbancarla, y Castilla y León asiste a un proceso semejante, se anuncia la posibilidad de un vuelco político derivado de que la marca naranja hubiese resuelto desligarse drásticamente de los pactos que suscribió con el PP, aceptando el concurso de Vox para acceder al poder, tras las autonómicas y locales de mayo de 2019. Todo, ante el injustificable silencio de Inés Arrimadas.

Casi dos años después, cuando la tercera ola epidémica ralentiza su descenso y es de temer una cuarta, prevalecen los intereses partidarios sobre la estabilidad institucional que requiere el país. Cuando los destrozos de la pandemia han elevado el paro a más de cuatro millones de personas y al menos otro millón lo bordea, las principales formaciones dan su enésima vuelta de tuerca. Ciudadanos, cambiando inesperadamente de bando; Pedro Sánchez, tratando de asestar un golpe definitivo a la derecha mientras ayer mismo instaba al acuerdo a Pablo Casado; y el ‘nuevo PP’, noqueado hasta entregarse a la suerte que le depare Ayuso. Nadie podía imaginar lo ocurrido y es imposible prever sus consecuencias últimas. Las piezas del dominó comenzaron a moverse sin previo aviso en Murcia. Sin que los promotores de la moción de censura en la comunidad expusieran razones convincentes, de interés general, sobre la necesidad de proceder a un cambio de Gobierno desde el propio Gobierno. Ciudadanos solo refirió excusas vagas que, en todo caso, apuntarían a su incompetencia en el desempeño de sus funciones en la coalición con el PP. De manera que el descabalgamiento sorpresivo de Fernando López Miras requeriría de una gestión posterior plena de resultados que justifiquen el paso dado.

En ese sentido, habría resultado más consecuente someter el futuro político inmediato de Murcia -como el de Madrid y el de Castilla y León- al escrutinio ciudadano. Y mejor aún que, aparcando legítimas aspiraciones partidarias, los protagonistas de tan brusco e inédito movimiento de piezas en la política española hubiesen esperado a medir sus opciones atendiendo al calendario electoral ordinario.