El Correo-ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN
La propuesta de las bases del nuevo ‘Estatus Político’ del País Vasco nos retrotrae al plan Ibarretxe, además de ser un despropósito político hacia dentro y fuera de la sociedad vasca
Tras un largo periodo de incubación de más de cuatro años, cuando todo indicaba que estaban ausentes las condiciones necesarias para un acuerdo exitoso, la Ponencia parlamentaria de Autogobierno aprobaba las bases del nuevo ‘Estatus Político’ del País Vasco, con el exclusivo respaldo –en todo lo que de verdad importa– del PNV y Bildu (EHB).
Se trata de un embrión inviable, incapaz de prosperar, por las taras genéticas –políticas y jurídicas– con que ha sido concebido. Sus autores se empeñarán en hacernos creer lo contrario. Tratarán de obtener réditos políticos mientras, aparentemente, la gestación siga su curso; y también cuando fracase: la culpa será de quienes no respetan la voluntad de la sociedad vasca.
Las bases acordadas reinciden en un error histórico que, sin excepción, ha terminado mal: pretender reformar el autogobierno desde el Estatuto, imponiéndoselo a la Constitución. Ejemplos más relevantes: proyecto de Estatuto de 1931 (Estella), proyecto de Estatuto Político (plan Ibarretxe), Estatuto de Cataluña (2006). No hay sistema democrático con Constitución codificada ni sistema federal en el que pueda prosperar pretensión semejante.
Dicen que la operación se fundamenta en los ‘derechos históricos’ del pueblo vasco: esos derechos que «como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia» y a los que no ha renunciado al aceptar la autonomía (Disposición Adicional del Estatuto). Pero para que encaje necesitan coger esa Disposición cual rábano por las hojas: la despojan de lo que les estorba –la actualización de esos hipotéticos derechos solo podría realizarse «de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico»–; deciden su contenido por su cuenta, sin más fundamento que su ideologizada interpretación de la historia –nuestra soberanía originaria–; e imponen la interpretación así obtenida como contenido indiscutible de la Disposición Adicional primera de la Constitución –la que afirma el «amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales»–, tras despojarla, también a ella, de lo que vuelve a estorbarles –su actualización habrá de realizarse «en el marco de la Constitución y de los Estatutos de autonomía»–. Invierten la relación entre Constitución y Estatuto, de forma que sea éste el que determine cómo hay que interpretar aquella, transformando esa disposición adicional en una puerta abierta a la vida –política– fuera del sistema. Necesitan una Constitución que se inmole a sí misma.
El PNV esgrimió su insatisfacción con esa disposición adicional –lo que tan bien analizó Javier Corcuera– como razón fundamental para propugnar la abstención en el referéndum sobre la Constitución; y ahora pretende que signifique lo que en su día consideraron que había sido rechazado. Curioso.
Las bases acordadas por PNV y EHB nos retrotraen al plan Ibarretxe; constituyen un hipotético borrador previo de su proyecto de Estatuto Político. Salvo retoques puramente cosméticos, aquel proyecto de Ibarretxe es una plasmación difícilmente mejorable de lo que se pretende en las Bases ahora acordadas. No es necesaria ninguna Comisión técnica para elaborar, sobre ellas, el texto articulado. El trabajo ya está hecho. Por si no fuere suficiente con el contenido –derecho a decidir, sistema confederal en la distribución de competencias y en la resolución de conflictos, distinción entre ciudadanía y nacionalidad vasca, etc.– le han añadido la ‘consulta habilitante’, ya intentada por Ibarretxe. Una ‘consulta’ inadmisible políticamente, porque contamina el proceso de tramitación del proyecto, atribuyendo al proponente una ventaja que, sin ánimo de ofender, habría que calificar de ‘chantajista’: el respaldo del electorado que se busca trata de limitar, cuando no anular, la capacidad negociadora de la otra parte. ¿Es esa la idea de una negociación leal que tiene el PNV? Su inviabilidad jurídica ya fue expresamente establecida por el TC al anular la ley de la consulta.
Lo que proponen las Bases es un despropósito político hacia fuera y hacia dentro de la sociedad vasca.
Hacia fuera incurre en un gran error al considerar que el modelo del Concierto económico –interpretado de forma interesada– es extensible al ámbito político –‘Concierto político’ como modelo confederal–. El modelo confederal no puede prosperar: no hay sistema similar en el mundo democrático por su inviabilidad práctica. En lugar de pretender extenderlo, tendrían que dedicar sus energías en no ponerlo en riesgo, porque se está extendiendo, crecientemente, la convicción de la necesaria racionalización de los efectos nocivos que –especialmente, el cálculo del Cupo– ha introducido en el conjunto de la financiación de las Comunidades Autónomas.
Hacia dentro envía un mensaje terrorífico a esa mitad de la sociedad vasca que, según muestran de forma tozuda los sondeos de opinión, no se define como ‘nacionalista’; y, seguramente, a una parte de esa mitad que sí se define como tal, pero que está plena o parcialmente satisfecha con el Estatuto o que desea un desarrollo ‘federal’ del mismo. No sorprende que EHB pretenda construir una sociedad sin ellos, que los excluya. Parecía que el PNV posterior a la defenestración de Ibarretxe excluía esa pretensión. Ahora envían el mensaje de que también ese PNV, a la mínima oportunidad, tendrá la tentación de hacerlo; con EHB. ¿Quién se puede volver a fiar de sus palabras?