En su reunión de ayer, el Banco Central Europeo mostró su decepción por la deriva de los acontecimientos. La inflación está desbocada -es su máxima preocupación, porque contenerla es su máxima obligación- y afecta seriamente a la confianza de empresarios y consumidores, lo que aventura una época de menor crecimiento económico que, incluso, abre la puerta a la posibilidad de que la UE caiga en un nuevo episodio de recesión.

Pues esta etapa de la crisis, que nos ha traído la invasión de Ucrania, vamos a enfrentarla sin el apoyo de las riadas de dinero emanadas del órgano emisor. Consciente de que esa abundancia está detrás y es responsable, en una parte no desdeñable, de la subida de los precios, anunció ayer que se terminará el suministro a lo largo del tercer trimestre. Por ahora no se ha atrevido a subir los tipos de interés, como han hecho sus colegas de los Estados Unidos y el Reino Unido, pero es algo obligado que hará en el próximo futuro, a pesar de ser muy consciente de que tal movimiento pondrá a los estados más endeudados, España entre ellos, en graves aprietos.

¿Qué va pasar ahora? Pues se acabó la época en la que no teníamos que preocuparnos por colocar nuestras emisiones de deuda. El BCE, en su infinita magnanimidad, se encargaba de comprarla sin discutir el precio. Ya no será así. Tendremos que buscar otros inversores en un mercado con opciones abundantes que, con toda seguridad, discriminarán el tipo de interés exigido en función del riesgo asumido. Y aquí empezarán los problemas. El aspecto de nuestras finanzas públicas no es bueno. Es malo y por eso las primas de riesgo, que fueron un gran problema en su día, volverán a serlo. No es una broma. Son capaces de derribar gobiernos o, para evitar su caída, de forzarles a adoptar medidas drásticas. El expresidente Zapatero recordará bien su declaración del 5 de mayo de 2010: «Reducir el déficit no es una buena opción». Seguro que no, pero siete días más tarde, el 12, subió al estrado del Congreso y con cara de funeral y en tan solo dos minutos anunció el mayor recorte de gasto social realizado hasta la fecha en nuestro país. Bajó el sueldo de los funcionarios, congeló la mayoría de las pensiones, se eliminaron las ayudas por hijo, se redujeron las ayudas a la dependencia, se quitaron 6.000 millones a la obra pública y 600 a la cooperación internacional… Si yo fuese Calviño -dé gracias al cielo de que no es así-, empezaría a preparar listas. Solo por si acaso.