Pero si miramos el crecimiento per cápita, observaremos que cada español de a pie debe hoy 32.000 euros. Y eso a pesar de que, desde la llegada de Sánchez al poder, aporta 2.000 euros más a las voraces arcas de la hacienda pública. No es suficiente. Nada es suficiente. El gasto, y en consecuencia la deuda, puede con todo, arrasa con todo, como el fuego en Zamora. Mientras que el Estado obtiene un 35% más de cada residente, gasta un 42% más en cada uno de ellos. El caso de la Seguridad Social es aún peor, pues su déficit aumentó hasta los 126.000 millones de euros. Nada menos que un 8,6% más que el año anterior, y ya alcanza un 7,7% total del PIB. Y a pesar de todas las medidas adoptadas por el señor Escrivá, en su etapa de ministro, lo cierto es que las cotizaciones sociales aportan tan solo el 70% del pago de las pensiones. Una situación que augura un futuro bien complicado.

Todo ello sucede en un entorno de subida de impuestos y contando con una recepción histórica de fondos europeos. Hemos despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la democracia.

Sin olvidar que esta cantidad es el resultado de la aplicación del protocolo europeo de déficit excesivo. Un peculiar sistema de contabilidad que reduce la deuda real. Sin embargo, según el propio Banco de España, la deuda total de las instituciones públicas, lo que en realidad se debe, asciende a 2,17 billones de euros. Nada menos que el 137% del PIB. Es decir, medio billón más desde que apareció Pedro Sánchez en nuestras vidas.

¿Cómo es posible que esta situación no monopolice el debate público, ni ocupe a los dirigentes? Pues muy sencillo. Simplemente todo el mundo supone que esas deudas no se pagarán nunca.

¿Es cierto eso? Pues depende. El principal nunca se devolverá. Nunca es el indeterminado espacio que resta hasta la convocatoria de elecciones. Eso como pronto. Bueno, mejor dicho, la deuda sí se paga. Su duración media es de ocho años, es decir, cada año devolvemos algo más del 10% del total, pero el principal se devuelve emitiendo nueva deuda, o sea, acumulando más.

¿Hasta cuándo? ¡Vaya pregunta más impertinente! Hasta que se produzca el próximo diluvio o hasta que los marcianos aterricen en la base de Rota. Si lo prefiere, hasta que a mí me concedan el Nobel, que por cierto ya va siendo hora.

¿Y los intereses? Esa es otra cuestión. Los intereses se pagan cada año desde los presupuestos del Estado. Cuando había, que ya no se estilan. ¿Y cuánto es la factura? Pues nada menos que 41.726 millones de euros. Año a año. Cada año. Todos los años. Para que se haga una idea, esa cantidad es cuatro veces mayor de lo que dedicamos a mantener nuestras infraestructuras o a invertir en innovación. Es decir, poco a poco el gasto por intereses va cercenando de manera silente nuestra capacidad anual de gasto.

Ahora llega la condonación de la deuda autonómica prometida a las comunidades, que aumenta la cantidad debida y la carga de los intereses anuales. ¿Y qué? El Tesoro Público está tranquilo y nos dice que «la diversificación de la base inversora mitiga el impacto de los mayores tipos de interés».

Así que, ¿no será usted más timorato y pusilánime que nuestro Tesoro Público? ¡Tranquilo! Si nadie se preocupa, ¿por qué debería ser usted la irritante excepción?