El Ministerio del Interior, que intervino tarde y mal en Torre Pacheco, con escasos contingentes de policías, va a llevar a los xenófobos ultras (o ultraxenófobos) ante la justicia. Y hace bien porque esa canallesca jauría de la ‘caza del moro’ debe ser perseguida. También llevará al juzgado, como corresponde, a los magrebíes que a base de asaltos y palizas sembraron el miedo en una población pacífica. (Por el colega Chema Olmo, que es de la zona, me entero de que entre los marroquíes de Murcia ha arraigado con fuerza una organización islamista, Justicia y Caridad, que predica el rechazo absoluto a la integración en la tierra de acogida). Los disturbios de la localidad huertana se han convertido, como era previsible, en otro pretexto de confrontación política entre el sanchismo y la derecha extremista, siempre atentos ambos a la estimulación recíproca, pero en democracia esa clase de incidentes no tienen otra receta inmediata que la aplicación de la ley en su vertiente más estricta. El problema de fondo, que son los crecientes conflictos de convivencia entre los inmigrantes y la comunidad nativa, no va a resolverse mientras la dirigencia pública lo enfoque con su acostumbrado sesgo oportunista. Y cuando corrija ese prisma y se dé por enterada de que la realidad no encaja en los prejuicios de la ideología, si es que eso ocurre alguna vez, la cuestión se habrá vuelto demasiado compleja para encontrarle una salida.

A la xenofobia, por principio, ni agua. Su rebrote en la Europa que vivió la barbarie de la centuria pasada es una de las enfermedades capitales de la sociedad contemporánea. Pero hay otros xenófobos españoles (a su pesar) además de los que organizan partidas antimusulmanas. Son los que, poseídos de un sentimiento de superioridad étnica o cultural, desprecian al resto del país y subvierten a su antojo las instituciones democráticas. Los que presumen de una genética distinta, los que en nombre de una nación falsa mataban a la gente por la espalda o los que han intentado dejar en Cataluña a la mitad de sus conciudadanos sin patria. Y a esos no sólo no los lleva el Gobierno ante el juez sino que los indulta de sus condenas, les concede franquicias fiscales y prebendas carcelarias y les borra los delitos para poder tratarlos como socios de confianza. Esa xenofobia de cabecera no recibe castigo ni repudio: goza de una posición de ventaja que le permite una influencia esencial sobre las grandes decisiones de poder en España. Pese a sus intrínsecas características retrógradas se la considera ‘guay’, políticamente correcta, progresista y avanzada, incluso cuando se empeña en imponer su mitología con asfixiante opresión doctrinaria o cuando sus partidas fanáticas amenazan y acosan a los discrepantes en sus casas. Esa hemiplejía moral la vamos a pagar tan cara como la demagogia irresponsable que inflama el odio a otras razas.