FEDERICO YSART, ABC 16/11/13
· Populares y socialistas tienen que recuperar las complicidades que hicieron posible la concordia constitucional. Han sido apoderados para garantizar la convivencia de todos los españoles. El grueso de la sociedad, cada día más despegada de los intereses partidarios,quiere ver confirmado que lo que no puede ser no puede ser; y además es imposible.
Haber avivado el fuego secesionista aprovechando una crisis económica que mantiene en la calle a la cuarta parte de la población activa del país tiene un nombre: felonía. Y a la felonía de los gestores de la Generalitat se une su torpeza por haber mezclado en el hervidero románticos ideales del nacionalismo utópico cultivado por una parte de la burguesía catalana con los intereses políticos de la minoría radical que solo en su pequeña república soñada podría alcanzar cotas de poder inaccesibles en el conjunto español.
No tiene explicación razonable que la estructura de un sistema democrático amenace ruina por los desatinos de sus autoridades en una parte del territorio nacional. Ni tampoco por qué vulnerar la Ley no conlleva la sanción correspondiente. ¿Acaso no están las leyes para ser cumplidas, y los poderes del Estado para hacerlas cumplir?
Esta pesadilla que azora la convivencia nacional parte de una extravagante realidad: está promovida por gestores de instituciones y bienes del propio Estado, con el concurso de legisladores y partidos políticos igualmente dependientes del Estado que denuestan.
El problema de Cataluña, y lo demás son retóricas, es la deslealtad de sus gobernantes con el pacto constituyente; todos, los que hace más de treinta años han urdido los mimbres para educar torcidamente a más de una generación y los que hoy quebrantan sistemáticamente lo que prometieron al acceder a las instituciones que administran.
Ellos tienen la llave para abrir el muro de incomunicación que han levantado frente al resto de la nación. Solo ellos disponen de autoridad para detener el éxodo en que han embarcado a tantos. ¿Habrán caído en la cuenta de que no hay pueblos elegidos ni aguas que se abran a su paso, que ni la Constitución es el mar Rojo ni Mas Moisés?
Sacar a escena viejos colectivos que tuvieron su papel en los años previos a la Constitución, cuando aún no había reglas del juego ni unas elecciones generales habían discernido la voluntad popular, no tiene ningún sentido. Hoy ni
assembleas, ni clubes deportivos ni cadenas humanas pueden suplantar instituciones en las que la voluntad ciudadana se expresa con las garantías propias de los procesos electorales.
Y nuestro problema, el de todos, es que el embrollo causado por las insensateces acumuladas a lo largo de demasiado tiempo no se resuelve de un golpe sobre la mesa, como Colón dio para poner el huevo en pie. El separatismo actual tiene una estructura consolidada durante décadas, asentada en la escuela y hasta bendecida por púlpitos temerosos de quedarse sin feligresía.
Se ha enquistado un asunto que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Poder Judicial tomaron en la consideración debida, confiados en la creencia de que los secesionistas no llegarán a ninguna parte. Tampoco han sido clamorosas las tomas de posición de otras instituciones privadas ni de nuestros comprometidos trabajadores de las artes escénicas. Y en cuanto a los intelectuales, sobran dedos en una mano para contar cuántos han alzado su voz sobre el significado actual del nacionalismo. ¿Está cada cual en su sitio, y la sociedad, consciente de lo que se juega?
El Gobierno parece aquejado hasta ahora de una prudencia que acaba exasperando al común porque no percibe ningún resultado positivo. Entiende, aun sin compartir, que el Gobierno de todos los españoles acuda a resolver la quiebra económica de aquella comunidad, pero no que las autoridades catalanas malversen libremente las ayudas alimentando la llama secesionista con compras de medios, subvenciones, embajadas, etc. La imagen de Rajoy y Mas jugando a la ruleta rusa con una pistola cargada por Junqueras resulta demoledora para la conciencia ciudadana.
El Gobierno y su mayoría parlamentaria no pueden entrar en el juego de buscar nuevos encajes constitucionales que, en el fondo, aplazan la auténtica cuestión. Discutir sobre la confederación de la que unos hablan, la doble nacionalidad de otros o el federalismo con que el primer partido de la oposición trata de reducir la fractura de su filial catalana, es perder el tiempo mientras otros socavan las raíces del sistema. Pero tampoco puede aplicar los emplastos que recomiendan algunos líderes de opinión confundidos ocasionalmente con la extrema derecha.
Centrar la cuestión requiere partir de que buena parte del problema, leyendas fuera, reside en su carácter abierto, en la falta de límites de la estrategia secesionista. El texto constitucional no es ajeno al actual estado de cosas por su escaso rigor en el tratamiento de las competencias. Los nacionalistas lo exprimieron en los acuerdos con que facilitaron la gobernabilidad de gobiernos sin mayoría parlamentaria. Los gobiernos sucesivos, y ninguno de los presidentes fue en algún momento ajeno a ello, cedieron en lo que no era suyo, hasta colmar el gran disparate nacional con el Estatuto de 2006 que Rodríguez Zapatero facilitó cuando en Cataluña gobernaban los socialistas de Maragall.
Rajoy tiene hoy la mayoría suficiente como para no mendigar y, sobre todo, hacer cumplir las leyes. Todas, desde la Constitución hasta la de propiedad horizontal, pasando por la de banderas y las de enseñanza. Es de lo que se trata. Cerrar el pleito requiere combinar arrojo y prudencia. Como la fisiología prescribe en los tratamientos de los abscesos, el remedio a problemas como este, enquistado en el tejido social de Cataluña, requiere drenajes para dar salida a los malos humores; será un largo proceso, pero solo llegará a buen término si discurre sobre el terreno marcado por la legalidad. Esa es la responsabilidad del Gobierno; y apoyarle sin ambages, la de la oposición encabezada por los socialistas, responsables en buena medida del problema actual. Es cuestión de Estado.
Y las cuestiones de Estado se resuelven sumando, más que matizando. Populares y socialistas tienen que recuperar las complicidades que hicieron posible la concordia constitucional. Han sido apoderados para garantizar la convivencia de todos los españoles; devolverlos a la normalidad. El grueso de la sociedad, cada día más despegada de los intereses partidarios, quiere ver confirmado que lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible. Fue lo que Talleyrand pensó del sueño imperial napoleónico justamente ahora hace doscientos años… y la ensoñación pronto dio paso a la realidad.
FEDERICO YSART, ABC 16/11/13