Va a resultar que sí, que a pesar de lo que digan Rubalcaba y los portavoces nacionalistas, España, vale decir el Tribunal Constitucional, puede negar la decisión del Parlament, del Eusko Legebiltzarra, de la Asamblea de Madrid o del Congreso de los Diputados. Esa es, precisamente, una de las funciones que la Constitución asigna al TC.
Recordarán los que hayan estado en semivigilia en agosto, que el ministro de Justicia hizo una afirmación paraconstitucional sobre el Estatut y el Tribunal Constitucional, en lo que pareció un magreo más del Ejecutivo al TC:
«siempre se van a vivir tensiones, como en cualquier estado de tipo federal, entre el centro y la periferia»
en la que nos adjudicaba implícitamente la condición de Estado federal. Por más que uno se lea la Constitución no se puede encontrar el menor indicio de federalismo en ella.
Cabía la consideración de la bisoñez en un ministro cuya virtud más sobresaliente es el análisis comparativo con su predecesor y cuyas circunstancias atenuantes están en el nivel medio de sus iguales e igualas en las tareas de Gobierno.
Pero ahora llega el ministro del Interior, que es el más listo del Consejo de ministros y ministras, en lo que parece otro empujoncito a la institución que pastorea Mª Emilia Casas y, lo que faltaba, Rubalcaba, tiene cojones Mardones y por aquí seguido:
«Yo creo en este Estatuto, que es constitucional y creo que recoge un hecho que es políticamente relevante. Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes».
Si Caamaño nos había convertido en un Estado federal, Rubalcaba convierte en soberano al Parlament de Cataluña y ha convertido en mandato constitucional aquella alegre tontería del jefe en el Palau Sant Jordi, el 13 de noviembre de 2003:
«Aprobaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán».
Salvo que se trate de un error de Rubalcaba, o sea, una descontextualización de la prensa, o una precontextualización inconsciente del interesado, también podría tratarse de una crisis de Gobierno, promovida por el ministro del Interior en vez de por el presidente del gobierno, que es quien tiene la prerrogativa constitucional.
Visto que el ministro de Fomento habla como vicesecretario general del partido, ejerciendo en la práctica de vicepresidente económico, que la vicepresidenta nominal no sabía que se iba a extender la cobertura de los 420 euros a los parados que hubieran agotado la prestación el 1 de enero de 2009 (sin que se sepa el porqué: los que agotaron el desempleo el 28 de diciembre de 2008, llevan tres días más de apreturas), la metedura de pata del ministro de Trabajo, que la víspera negó que hubiera margen y la vergüenza de Moratinos, participante en el guateque de Gaddafi, ha decidido dejar Interior para hacerse ministro de Asuntos Exteriores.
«Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes». Llamar ‘España’ al Tribunal Constitucional es una sinécdoque, y como tal, una exageración, que desborda a los propios nacionalistas, que prefieren decir ‘Madrid’. En realidad, Rubalcaba les ha mejorado el texto. Puigcercós no lo habría expresado con más claridad ni con otras palabras. ¿Se acuerdan ustedes de Ibarretxe? Ese fue el argumento con el que en todo momento defendió el plan que le rechazó el Congreso de los Diputados y la Ley de Consulta que le paró el Tribunal Constitucional.
Pero va a resultar que sí, que a pesar de lo que digan Rubalcaba y los portavoces nacionalistas, España, vale decir el Tribunal Constitucional, puede negar la decisión del Parlament, del Eusko Legebiltzarra, de la Asamblea de Madrid o del Congreso de los Diputados. Esa es, precisamente, una de las funciones que la Constitución asigna al TC.
Santiago González en su blog, 3/9/2009