Cuando en noviembre de 1977, en los albores de la democracia, el BOE publicó el llamado impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas, aclaró que se trataba de un impuesto “excepcional y transitorio (…) que se exigirá en todo el territorio español”. Ninguna de las dos cosas se han cumplido. Casi 45 años después de su aprobación, el impuesto sigue vigente, al menos en la legislación nacional, en quien recae su titularidad, ya que se trata de un impuesto cedido por el Estado y no puede ser derogado por los parlamentos regionales. Tampoco se aplica en la práctica en todo el territorio nacional, como manda la norma, toda vez que no es exigible en algunas regiones —Madrid y Andalucía— que en la práctica lo han vaciado de contenido bonificando el 100% 

Esta paradoja es fruto de las insuficiencias del Título VIII de la Constitución y de la legislación posterior, que han creado en el plano autonómico un Estado híbrido —federal a la hora de gastar, pero centralista en cuanto a recaudación— que explica en buena medida los recurrentes conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional. Y hay pocas dudas de que esa litigiosidad irá en aumento tras la decisión del Gobierno de reinventar durante dos años —aquí sí se recoge el espíritu no cumplido de 1977— el impuesto que grava la acumulación de riqueza.

Lo singular, sin embargo, es que no se deroga el actual impuesto sobre el patrimonio, lo que sin duda acabará en el Constitucional. Aunque el Gobierno ha anunciado que los contribuyentes en patrimonio podrán deducirse la cuota que paguen en sus respectivas regiones, parece evidente que eso afecta a las competencias autonómicas, aunque sea un tributo cedido y no propio. 

Es verdad que la ley que regula la financiación autonómica (artículo 25.2) determina que la eventual supresión o modificación por el Estado de alguno de los tributos cedidos (como el patrimonio) implica la extinción o modificación de la cesión, pero no es menos cierto que de alguna manera supone un zarpazo a la autonomía fiscal de las regiones plasmada en una ley orgánica como es la Lofca, que adjudica a las regiones “la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones” en el impuesto del patrimonio.

Anulación ‘de facto’

Esto significa, ni más ni menos, una recentralización en toda regla de la que hablaba hace unos días el ministro Escrivá por la puerta de atrás. Desde luego, en el plano político, aunque también en el estrictamente legal, toda vez que el nuevo tributo anula ‘de facto’ la capacidad normativa de las CCAA, aunque no se haga formalmente. 

El cambio no solo afecta a las comunidades autónomas del régimen común, sino también a las forales, que tienen muy tasada la intervención del Estado en las cuentas de sus haciendas territoriales. El Estado está obligado a pactar el nuevo tributo en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico. Veremos qué hace el PNV. 

Lo único claro que deja lo anunciado es que España será el único país del mundo que tendrá no uno, sino dos impuestos que gravarán el mismo hecho imponible: la riqueza, aunque luego, para evitar la doble imposición, el contribuyente de turno pueda deducirse la cuota pagada. Y dos huevos duros, que decía Groucho.

Esto es así porque la mayor incongruencia del Gobierno es no haberse atrevido a hacer una reforma en profundidad del impuesto del patrimonio, lo que ha llevado a este disparate jurídico. Se puede estar a favor o en contra del impuesto, y las dos posiciones son legítimas, pero que haya dos tributos que gravan lo mismo roza el ridículo en cuanto a técnica jurídica. No es descartable que muchas CCAA, en particular las del PP, y a la vista de la situación, muevan ficha y todo esto acabe en una formidable distorsión tributaria. Entre otras razones, porque no siempre las reglas de valoración del patrimonio son iguales en los distintos territorios, lo que puede provocar un formidable caos. Buen negocio para los despachos de abogados. 

No es el único caso. También se puede estar a favor o en contra de los impuestos a la banca y a las energéticas, y hay sólidas razones para justificar su existencia en un contexto tan difícil como el actual. Es obvio que el ensanchamiento de la desigualdad y la progresiva desfiscalización de las rentas patrimoniales y de capital en las últimas décadas es insoportable y algo hay que hacer. Pero de forma compatible con el concepto de planificación fiscal (que nada tiene que ver con la ingeniería para pagar menos impuestos) si lo que se busca es no dañar gratuitamente a los contribuyentes, que aunque sean ricos, tienen derecho a conocer su horizonte fiscal y legal. Un impuesto bien diseñado, de hecho, es la mejor garantía de que es eficaz, al contrario que el del patrimonio, que ha acabado siendo un guiñapo en manos de los políticos.

Impuestos a la carrera

Aprobar impuestos a la carrera afecta también a la propia seguridad jurídica, que en los países más avanzados no solo es un bien a proteger, sino una necesidad democrática. Hay que recordar que en el propio texto distribuido ayer por Hacienda se advierte de que el nuevo tributo de solidaridad estará vigente durante dos años, pero a continuación se aclara que “incluirá una cláusula de revisión para evaluar al término de su vigencia si es necesario mantenerlo o suprimirlo”. Es decir, su existencia seguirá en el alambre.

Menos discutible es rebajar la presión fiscal sobre las rentas más bajas, que son quienes más sufren en un contexto inflacionista como el actual. El Gobierno, sin embargo, ha optado por una fórmula extraña queriendo hacer incompatible una deflactación de tarifa con una rebaja de impuestos para los salarios más bajos. 

El argumento, un tanto pedestre, que ofrece la ministra Montero es que la tarifa es una escalera y si quitas el primer peldaño también los ricos se aprovechan. No parece muy solvente. Entre los ‘ricos’ y los ‘pobres’ hay una amplia clase media que puede verse castigada si tienen la mala suerte de subir de tramo al revisarse su salario por el IPC, ya que el impuesto es progresivo. Y lo que se ha hecho es que para no beneficiar a los ricos (hay otras fórmulas, como se anunció en Valencia) se ha decidido penalizar a millones de contribuyentes que se encuentran en los niveles medios. No parece muy razonable.