Y el ejército entró en Westminster

Después del paso inesperado con el que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha decidido cerrar el Parlamento cinco semanas, muchos han recordado los acontecimientos de 1641-1642, cuando el rey Carlos I de Inglaterra, fuertemente irritado por el rechazo de Cromwell y del Parlamento, intentó cerrar la Cámara de los Comunes y entró con un escuadrón militar para arrestar a algunos diputados. Estalló una guerra civil y Carlos fue decapitado. No será éste ciertamente el final de Boris Johnson y cualquier comparación con los acontecimientos de estos días sería absurda. Pero existe ya un debate sobre las funciones y los poderes del Parlamento que los británicos, antes o después, deberán afrontar.

Quiero creer que la reina Isabel II no habría firmado el documento con el que el primer ministro ha decidido suspender los trabajos de la Cámara de los Comunes hasta que se pronuncie el discurso de la Corona –el 14 de octubre– si sus consejeros hubiesen sembrado dudas acerca de la legalidad del procedimiento.

Los reglamentos parlamentarios no excluyen la posibilidad de una prórroga de la actividad y en otras ocasiones el argumento utilizado por Boris Johnson –una sesión parlamentaria que dura ya 340 días y que es la más larga desde hace muchos años– habría sido considerado razonable y comprensible. Ha habido prórrogas en otros momentos, pero en este caso la situación es un poco diferente y las circunstancias justifican muchas sospechas.

El primer ministro sabía que en las próximas semanas Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, habría intentado reunir el apoyo, también entre los conservadores, para presentar una moción de confianza contra su persona. Y sabía que Corbyn habría aprovechado el tiempo del que dispusiese para abrir un gran debate en la Cámara de los Comunes y en el país sobre la perspectiva de un no deal, como viene sucintamente definido en el acuerdo que Theresa May había negociado con la Comisión Europea en Bruselas para resolver los muchos problemas del «post-Brexit».

Johnson no puede ignorar cuántos son los lazos que unen a Reino Unido con la Unión Europea y cómo sería necesario adoptar medidas para impedir que la abrupta interrupción de estas relaciones perjudicase a los consumidores y a las empresas, por no mencionar a los países que han sido los socios económicos de Reino Unido durante muchos años.

Boris Johnson se declara convencido de conseguir resolver ca da problema que se le presenta al país con un ambicioso programa de reformas que hará recuperar a Reino Unido un papel mundial; y dice que para la preparación del programa necesita tiempo. Pero me temo que necesitará sobre todo un Parlamento a puerta cerrada que no ponga palos entre las ruedas, planteando dudas y haciendo preguntas embarazosas. En un país en el que la Cámara de los Comunes, por su tradición y por los poderes de los que dispone, es la espina dorsal de la democracia, la decisión de Johnson debe abrir un debate nacional acerca del rol y la autoridad del Parlamento en una democracia moderna: un problema que los británicos, tarde o temprano, deben abordar.

Boris Johnson probablemente no se habría aventurado si no supiese que puede contar con la aprobación y el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Les une la vanidad, la sed de poder, un desprejuiciado nacionalismo y la intolerancia hacia la Unión Europea. Y en esta ocasión se trata, en efecto, de un tema de soberanía. Los sentimientos del premier británico hacia la UE no son muy diferentes a los de Marine Le Pen, Viktor Orban y otros líderes del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia).

Johnson cree tener en la mano una carta con la que intentará jugar en el Consejo Europeo del 17 de octubre: dividir al bloque comunitario. Londres lo consiguió en otros momentos y no queremos que suceda también ahora. El Reino Unido que nos gusta es aquel que ha regalado al mundo las instituciones y las reglas de la democracia: no el que cierra los parlamentos.

@ Corriere della Sera