Porque hoy el presidente del Gobierno pondrá el broche de oro a su joven legislatura (no tiene ni un año de recorrido) con la ley que premiará a los delincuentes del ‘procés’. Malversadores y sediciosos de Cataluña estarán de celebración porque se van a cobrar su apoyo a Pedro Sánchez con una ley que borra todos sus delitos. El intercambio de la impunidad para los delincuentes de primera clase (los del ‘procés’) por el poder en la Moncloa se escenificará en el Congreso sin que se espere que vaya a producirse sorpresa alguna en la bancada socialista.

No parece que estos congresistas vayan a saltarse la disciplina de voto o, al menos, vayan a hacerse un Javier Lambán ausentándose del hemiciclo para no tener que votar una ley que tan sólo hace un año era considerada por ellos mismos como una degradación jurídica elevada a su máxima potencia. Una ley injusta, contraria a derecho, que promueve la diferencia entre ciudadanos. No lo dice solo la oposición. Lo sostenían los socialistas (¡Qué momentos, aquellos, en los que Salvador Illa prometía que no iban a promover ninguna ley de amnistía!). Eso, sí. Antes de las elecciones del pasado 23 de julio. Ahora, la necesidad de los actuales gobernantes ha conseguido dar la vuelta a los argumentos. A favor de los que, desde el poder de Cataluña, desafiaron al Estado de Derecho. Pero su aplicación no estará exenta de trabas. Dependerá de los jueces. ¿Cómo podrá interpretar el Tribunal Supremo una ley que ha sorteado el Código Penal español? Si la justicia española presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre si la amnistía contraviene, o no, el derecho de la Unión, quedará de momento suspendido el procedimiento nacional.

En la Moncloa, pendientes de la reacción de Puigdemont que ya no tiene tan claro que vaya a apartarse de la política si no consigue ser investido presidente de la Generalitat. Aquí no se retira nadie. Ni Sánchez ni Puigdemont.