Ha sido decir la ministra de Hacienda que el concierto fiscal de Cataluña es una línea roja para el Gobierno y oírse por todo el país un coro de risas, empezando por las de los dirigentes separatistas. Sostiene Sánchez, y María Jesús Montero ratifica, que se ofrecerá una financiación «singular» para pactar la investidura de Illa, pero que el régimen especial -léase trasunto del sistema vasco- no es factible porque la Constitución lo imposibilita. Más carcajadas entre el respetable y una voz en el gallinero que apostilla: exactamente igual que la amnistía. Nadie en España duda de que habrá concierto, y cupo, y Hacienda propia y lo que haga falta si el acuerdo con Esquerra lo necesita. Y llegado el caso, se encontrará algún eufemismo para evitar los celos del PNV y aplacar a los reticentes barones socialistas. Qué más da, «chiqui», si esto de la financiación autonómica no se entiende y al final los miles de millones se ponen y se quitan con un poquillo de maquillaje en las estadísticas.

De momento ya está asumido que el Estado se va a hacer cargo del primer montante de deuda catalana: quince mil millones a corto plazo que serán prorrateados en el pasivo de todos los ciudadanos. Condonación por endoso: otro malabarismo semántico. Sobra dinero con el incremento recaudatorio que la inflación ha provocado. Eso es sólo el aperitivo mientras se negocia el apaño al que el presidente ha otorgado carácter prioritario porque es la condición ‘sine qua non’ de la continuidad de su mandato. Al lado de ese bien mayor, a quién le importa que se trate de un claro privilegio desigualitario; a ver qué antifascista fetén se atreve a poner reparos a un trato que puede estirar la legislatura plurinacional de progreso al menos un par de años. El único problema puede venir de los propios ‘indepes’, gente de mal conformar que en seguida pide el siguiente paso. Pero si exigen el referéndum tampoco será cuestión de negárselo, al menos en forma de compromiso abstracto para ir tirando.

Con una oposición más sólida y estructurada, que no es el caso, sí existiría un riesgo grave: el surgimiento de una movilización institucional y en la calle de las autonomías gobernadas por los populares. A día de hoy, sin embargo, es poco probable que el PP disponga de cohesión suficiente para organizar y coordinar un frente de resistencia en sus trece comunidades. Ese enorme contrapoder, un capital político clave, se ha mostrado incapaz hasta ahora de poner en aprietos serios a Sánchez, ni siquiera de crearle dificultades que aceleren su desgaste. Si hubiese en la derecha visión estratégica de largo alcance, la fuerza de las regiones no nacionalistas podría impedir -como en 1980- el diseño encubierto de un Estado de dos velocidades basado en planteamientos confederalizantes. Es tiempo de demostrar si la hay o no la hay, pero ha de ser antes de que resulte demasiado tarde.