Es lo mismo que piden la Constitución, el Poder Judicial y Bruselas.

Para conseguir ese objetivo, y dada la negativa del PSOE a cambiar la ley, EL ESPAÑOL ha defendido que el PP acepte renovar el CGPJ sin condicionarlo al cambio de la norma.

Este diario confía, algunos dirán que con más voluntarismo que esperanza, en que una futura victoria de los populares en las elecciones generales le haga ganar peso negociador frente al PSOE y facilite así la renovación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Felipe González. Ley que, interpretando en 1985 la Constitución como más le convenía al PSOE, determinó que fuera el Parlamento, es decir el Ejecutivo (en España los tres poderes son en realidad dos), el que escoja a los 20 vocales del CGPJ.

Esta ley, dice Reynders, no sería aceptada hoy en la UE de acuerdo con las reglas de un Estado de derecho. Y EL ESPAÑOL está de acuerdo también en esto.

[Bruselas amonesta a España por tercer año consecutivo por el bloqueo del Poder Judicial]

Hasta aquí la postura oficial de este diario.

Lo que viene a continuación es la letra pequeña del contrato.

El PSOE jamás aceptará cambiar esa ley. Ni hoy, ni dentro de un año, ni de diez. Ni ganando ni perdiendo las elecciones. Ni con Pedro Sánchez ni con Emiliano García-Page. Ni refundado, ni rebautizado, ni renacido. Ni con presiones ni sin presiones de la UE. Ni con mayoría absoluta del PP ni, Dios les libre, con una mayoría insuficiente que condene a Alberto Núñez Feijóo a gobernar de la mano de Vox.

Nunca.

El PP, por su lado, no cambió la ley cuando pudo hacerlo, así que su actual interés en la reforma del sistema de elección de los jueces exige un considerable salto de fe.

Pero el nudo gordiano del asunto es hoy el PSOE, no el PP.

El Poder Judicial, y no hace falta especular porque lo han dicho ellos, es una línea roja del PSOE por razones largas de explicar aquí, pero que tienen que ver con el hecho de que determinados objetivos de largo alcance del socialismo, y no estoy hablando sólo de la organización territorial del Estado, campan en los márgenes de la Constitución.

La realidad es que si la Constitución hubiera querido que el Parlamento escogiera a los 20 vocales del CGPJ lo habría dicho explícitamente en vez de dividirlos en dos bloques: los ocho que escogen el Congreso y el Senado y los 12 que son escogidos de acuerdo con una ley orgánica (la de Felipe González).

Atención. No de una ley orgánica que diga, como dice hoy, que esos doce jueces sean escogidos también por el Parlamento. Porque para ese viaje no habrían hecho falta alforjas. Si la Constitución hubiera querido que los políticos controlaran a los jueces, el texto habría dicho que el Parlamento escogiera a los 20 vocales. Y santas pascuas.

El hecho de que la Constitución divida a los 20 en jueces en dos grupos desiguales (8-12) confirma, además, que el objetivo de los autores de la norma no era otro que evitar que el poder político tuviera el control de la mayoría de los vocales del CGPJ.

Que es exactamente lo que ha ocurrido durante los últimos 37 años en España. Un flagrante incumplimiento de la Constitución en las mismas narices de los ciudadanos.

Pero todo lo explicado hasta aquí es pura lógica jurídica y democrática, mientras que lo que se libra hoy es una batalla por el control del Poder Judicial.

Se dice rápido, pero controlar el Poder Judicial es lo que hacen las dictaduras. También lo hacen las democracias, pero con algo más de sutileza que la de PP y PSOE.

Y esto hay que decirlo más. España es hoy una anomalía democrática por la torpeza del PP, sí. Pero, sobre todo, por la pulsión peronista de un PSOE cuyo objetivo a corto plazo no es tanto el control del CGPJ como el del Tribunal Constitucional, al que llegarán en breve algunas leyes que el Gobierno pretende que pasen el filtro de lo constitucional por la ley romana o la rumana: la de eutanasia, la del aborto y la ley Celaá.

Más allá de lo coyuntural está lo estructural. Para el PSOE, el Poder Judicial es intrínsecamente conservador, algo que no tiene que ver, como defienden algunos carpetovetónicos de la lucha de clases, con la extracción social de los aspirantes, sino con el hecho de que la dureza de las oposiciones de acceso a la carrera judicial no encaja con la cosmovisión y los intereses vitales del votante de izquierdas medio.

Digamos que es más fácil ver a un registrador de la propiedad, un abogado del Estado o a un notario en la ópera que en un concierto de Coldplay, donde quizá abunden más los auxiliares administrativos del Estado o los del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Y dado que la naturaleza humana se ha demostrado mucho más difícil de moldear de lo que habría deseado el socialismo, ese error de la biología que favorece a los conservadores ha sido corregido controlando el nombramiento de los jueces.

«Los jueces no pueden escoger a los jueces» dijo Félix Bolaños hace apenas un mes. «A todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos derivan del voto de 47 millones de ciudadanos» dijo también ese mismo día, pisoteando la separación de poderes como si fuera a hacer mosto con ella. «Ni los jueces pueden escoger a los jueces ni los políticos a los políticos» dijo hace un año.

Todo lo dicho no sólo es absurdo, y no hace falta ser catedrático de Derecho constitucional para entenderlo, sino también peligroso, y coloca al Estado de derecho español en una senda que criticaríamos con sonoros golpes de abanico en el pecho si la viéramos, por ejemplo, en el Brasil de Jair Bolsonaro, los EEUU de Donald Trump o la Hungría de Viktor Orbán.

Porque lo que han votado 47 millones de españoles, y siguen votando cada vez que depositan su voto en la urna en unas elecciones, no son los jueces que se encargarán de retorcer la ley al antojo del Ejecutivo, sino la Constitución, que dice que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

Lo que no explica Reynders es cómo conseguir que el PSOE acceda a la reforma de la ley una vez ha conseguido el control del CGPJ. Porque esa es una regla básica de la negociación que rara vez se deja de cumplir. Conseguido el objetivo principal, ¿qué incentivo tiene el PSOE para cumplir el resto del trato, suponiendo que ese trato exista?

¿El respeto a la palabra dada?

¿Este PSOE?

[Reynders asegura que ha obtenido el «compromiso claro» de PSOE y PP para renovar el CGPJ]

Desde la trinchera opuesta, sabiendo que el PSOE no accederá jamás a cambiar la ley, y a la vista de que Bruselas le ha dado el PP la razón en lo que respecta a ese punto en concreto, ¿qué incentivo tiene el PP para darle al PSOE el control del CGPJ?

¿Rendirse una vez ha ganado la batalla frente a la opinión pública y la UE?

Las contraindicaciones para el PP son varias.

Si cede ahora, se verá obligado a convivir con un Poder Judicial controlado por el socialismo a partir de 2023. También es probable que una cesión, llegados a este punto, transmita la idea de que los populares dan por bueno el turnismo en el control del Poder Judicial después de haber defendido frente a las instituciones europeas que su estándar democrático es superior al del PSOE y más ajustado al baremo de la UE.

Pero si no cede, ¿qué incentivo le queda al PSOE para aceptar una renovación del CGPJ favorable al PP si este gana las elecciones en 2023?

Y si ni PP ni PSOE tienen incentivo alguno para ceder, ¿quién hará eso que hicieron las Cortes franquistas durante la Transición? Es decir, reconocer la inevitabilidad de la democracia e irse a casa en beneficio del país y de sus ciudadanos.