RUBÉN AMÓN-EL CONFIDENCIAL

  • La persecución política que denuncia Podemos tiene poco sentido cuando el juez García-Castellón es el mismo que ha destapado la Kitchen
Pedro Sánchez siempre gana. La eventual imputación de Pablo Iglesias le beneficia tanto como el camino contrario. Porque Iglesias es un falso aliado. Un rival disfrazado de vicepresidente. Debe relamerse Sánchez con la montaña rusa judicial que sacude al colega. De víctima a sospechoso. De sospechoso a víctima. Y de víctima a trofeo de caza del Supremo.

Ya veremos en qué términos se manifiesta el alto tribunal, pero sorprende que el presidente del Gobierno haya proclamado inocente a Iglesias. Hubiera resultado más decoroso aguardar a los tiempos judiciales, por mucho que la separación de poderes represente para Sánchez un fotomontaje.

¿Qué significa que “confía en el Supremo”? ¿Significa que no confía en la Audiencia Nacional? ¿Puede un jefe de Gobierno ponerse a opinar como un tertuliano, en función de sus propias impresiones y necesidades?

Deben herirle a Iglesias las conclusiones de García-Castellón. No ya por los pormenores más graves —denuncia falsa, revelación de secretos y delito de daños informáticos— sino por el ‘detalle’ de la agravante de género. Es una manera explícita de reprochar a Iglesias su comportamiento de superioridad respecto Dina Bousselham. Y de denunciar las prerrogativas que se atribuyó, no solo sustrayéndole información sensible de la tarjeta del móvil sino además considerándola poco capacitada para defenderse por sí misma.

Ya lo dijo en la mítica entrevista de Radio Nacional. «Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de ‘OK Diario’, de Eduardo Inda, de Villarejo. Yo examino el contenido y veo lo que hay, y tomo una decisión, que es no someter a Dina Bousselham a más presión». Explicado de otra manera: Iglesias consideró por iniciativa propia que era mejor para Bousselham no disponer de la tarjeta, independientemente de que le perteneciera y de que conociera más y mejor que nadie los contenidos hipersensibles.

El macho alfa sería un machista tipificado en la nueva reforma del Código Penal. Nos encontramos en un estadio prematuro, embrionario. Prevalece la presunción de inocencia. Y debe manifestarse el Supremo, pero resultan poco convincentes los argumentos exculpatorios que esgrime el vicepresidente del Gobierno. Incluido el tópico de la operación política.

Tendría sentido cuestionar la diligencia de García-Castellón si no estuviera exponiendo su reputación ante el Supremo y… si no fuera porque el juez de la Audiencia Nacional es el mismo que ha promovido la investigación de la Kitchen, una bomba de relojería que transporta a Rajoy al fango y que implica una resaca de valor letal en la gestión contemporánea de Casado.

Cuesta trabajo asimilar que Castellón pretenda a la vez tumbar a Unidas Podemos y a los populares (ya le gustaría a Sánchez). Y urge recordar que Pablo Iglesias utilizó toda suerte de artimañas y de triquiñuelas para convertir su peripecia en un ejemplo inequívoco de las cañerías del Estado. Nada mejor para conseguirlo que introducir el comodín de Villarejo.

El truco se explica porque el comisario otorga denominación de origen a cualquier trama digna de considerarse nauseabunda. Es Villarejo quien homologa la putrefacción. Por eso Iglesias lo convocó a semejanza de una sesión de espiritismo: al otro lado del espejo, estaba Villarejo.

Los ejercicios de encubrimiento y de distracción comprometen la credibilidad de Pablo Iglesias tanto como lo hace la concepción discriminatoria de la camarada Bousselham. No quiere ello decir que haya cometido los delitos que le atribuye García-Castellón. La prudencia debía haber asistido a Pablo Casado antes de precipitar el automatismo político de la dimisión. No convienen malgastarse las balas de plata con calentones ni exigir a los demás la doctrina que no se aplica uno mismo en el ámbito doméstico, entre otras razones, porque Iglesias ni siquiera pertenece a la categoría del investigado. Más preocupante resulta el escenario de colisión institucional que supondría la imputación del Supremo. Tendría que pronunciarse el Parlamento a propósito del suplicatorio y se precipitaría un conflicto de legitimidades que llevaría la tensión política a un umbral desconocido, independientemente de que Sánchez alcanzaría la orilla el primero.