ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 28/07/16
· La decisión de las fuerzas políticas mayoritarias de poner fuera de la ley al parlamento catalán es una gravísima noticia democrática, pero una buena noticia política. La deslealtad manifiesta del gobierno de la Generalidad solo entrará en vías de solución cuando se toque fondo y aunque ese instante aún no ha llegado el movimiento nacionalista actúa ya en la dirección correcta y final. Un parlamento fuera de la ley es un fraude a los ciudadanos que ninguna legalidad democrática puede consentir.
Por lo tanto, y del modo que sea, la obligación del gobierno que encabeza el presidente Mariano Rajoy es que ese parlamento secuestrado vuelva con urgencia a la democracia. Es indiferente que la vía sea la de artículo 155 o adyacentes: se trata de que sea eficaz, rápida y terminante. Esa vía no supondría en ningún caso la ilegalización del parlamento que ayer se declaró ilegal, sino lógicamente lo contrario. La indolencia a que tan acostumbrado está el presidente, supongo que por carácter e incluso por buen carácter, no supondría en este caso más que complicidad. Y quizá obligase a los ciudadanos a extender contra él una denuncia que, además de política, sería también jurídica.
La ilegalización del parlamento decretada por la mayoría sediciosa debe tener consecuencias en la coyuntura política española. Rajoy y pedro sánchez han de anunciar de inmediato un acuerdo de investidura y la formación de un gobierno que tuviera al primero de presidente y al otro de vicepresidente. Daña los ojos la evidencia de que solo un presidente con todas sus funciones puede encarar la situación de excepcionalidad creada por el nacionalismo.
La tarea principal del nuevo gobierno no sería dar una solución política al conflicto planteado por el gobierno de Cataluña. La Generalidad ha cruzado la línea que separa la negociación del chantaje y un gobierno democrático no debe aceptar chantajes, los practiquen terroristas o políticos. Por el contrario el nuevo gobierno debería centrar sus esfuerzos en gestionar el vacío creado por unas instituciones que han renunciado al ejercicio de la legalidad: los ciudadanos catalanes no pueden seguir delegando en delincuentes confesos el negocio de lo público.
Agosto, como tantas veces ha sucedido a lo largo de la historia, y también de la historia local, será un mes decisivo. Los ciudadanos van a participar en un proceso donde estarán en juego dos asuntos importantes. El primero es si la política democrática cede ante la política de identidad. El segundo, si la destrucción de la democracia regional de Cataluña comporta la destrucción de la democracia española.