Obligada por las encuestas y presionada por Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad, en cuyas manos está la política de defensa de los derechos de las mujeres, tendrá que pasar por el aro. El de retocar la ley que está beneficiando a tantos maltratadores sexuales que están cumpliendo pena de prisión. La misma ministra que se enceló en sostener que no se iba a cambiar ni una coma de la polémica norma ahora admite retocarla para endurecer las penas en algunos casos. Para sanciones futuras, claro está. Porque la ley actual seguirá teniendo efectos retroactivos favorables al reo. Resulta muy duro, para los promotores de esta norma, admitir que si la tienen que reformar es debido a que se han equivocado. Por eso el Gobierno de coalición está en un callejón sin salida. De ahí que Podemos se empecine en aferrarse a la figura del consentimiento como si fuera su ‘copyright’. Pero habrá que repetirlo todas las veces que Podemos insista: antes de que llegaran a este planeta, ya funcionaba la justicia y el sexo no consentido viene siendo delito desde el Código Penal de 1973, y más allá. Tampoco funciona culpar a los jueces que no miran para otro lado. Los jueces aplican las leyes que aprueba el Legislativo. Artículo 9.3 de la Constitución. Así es que se acabó el cuento infantil de culpar a los demás de los esperpentos propios.
A estas alturas, se ignora si el cambio se va a limitar a elevar las penas. O si se va a recuperar la diferencia entre los dos delitos, abuso y agresión, como empiezan a recomendar muchos juristas, que tienen en cuenta que, con la fusión del delito menos grave con el más grave, la revisión de penas resultaba inevitable. Más bien, obligada.
Un cambio supone una desautorización de Belarra y Montero. Pero no están solas. Las asiste y dirige Pablo Iglesias desde sus escaparates mediáticos, desde donde se ha permitido amenazar a Pedro Sánchez diciendo que si termina pactando con el PP «lo pagará». Son cálculos electorales. Los mismos que han movido a Pedro Sánchez a no dejar pasar más tiempo sin dar un giro. El tiempo juega en su contra. La lista de violadores beneficiados por la ley del ‘sí es sí’ parece un pozo sin fondo. El 10% de los presos por agresión sexual ya ha visto rebajada su pena. En Euskadi, de los 104 revisados, se han rebajado penas a 46; es decir, un 44%.
El Gobierno de coalición ha chocado contra un muro: el de la alarma social ¿De quién ha sido la culpa de este despropósito? De quienes propusieron la ley y quienes la aprobaron en el Consejo de Ministros. De quienes la defendieron diciendo que iba a ser una referencia europea e internacional («una gran conquista feminista», dijo Sánchez de la que había recelado otra feminista como Carmen Calvo). La responsabilidad es de los dos partidos. De la ley del ‘sólo sí es sí’ van a tener que pasar a reformarla ‘sí o sí’. Lentejas. A Sánchez le estorba ya Podemos, a tres meses de las elecciones. Demasiado tarde para quitárselos de encima.