EL MUNDO 03/10/14
VICTORIA PREGO
Contra todo pronóstico, contra toda consideración de la más elemental prudencia exigible a un presidente del gobierno de Cataluña, Artur Mas se ha plegado a las insensatas exigencias de sus compañeros de viaje en la aventura independentista y ha dado el paso que le coloca en el terreno de la desobediencia al Tribunal Constitucional. La frase incluida en el decreto, que dice que «a efectos de la vigencia correspondiente», con el que el presidente nombra a los miembros de la Comisión de Control del referéndum, no es más que un latiguillo que pretende eludir la evidencia de la desobediencia, porque supone que si el decreto no está vigente, entonces no hay delito. Es una trampita tonta, propia de lo que Mas llama «astucia», pero que no consigue disfrazar de ninguna manera la gravedad de lo hecho.
La respuesta del Gobierno debe ser fulminante y ejecutada por sus pasos. De entrada, la Abogacía del Estado tiene que promover inmediatamente un incidente de nulidad de los actos, del Parlament y del presidente de la Generalitat, para que el Constitucional declare nulo ese decreto recién firmado. Y, a continuación, el Tribunal Constitucional debe apercibir a Artur Mas de que de persistir en su actitud estará incurso en el delito que castiga el Código Penal en su artículo 410 con penas de «multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
La pena prevista por una desobediencia como la del presidente Mas puede parecer leve si la comparamos con la enormidad de lo que está haciendo, y de hecho lo es, pero la inhabilitación para seguir ocupando la Jefatura del Gobierno tiene una gravedad y un alcance extraordinarios.
De todos modos, hay que recordar una vez más que la inclusión en el Código Penal, decidida por el Gobierno de Aznar en diciembre de 2003, de un delito que castigaba expresamente la convocatoria de un referéndum como el que está sobre la mesa en Cataluña, fue levantada por el Gobierno de Zapatero en 2005 y no ha sido recuperada por Rajoy. Y, ahora, éstas son las armas de que disponemos.
La reacción de la Fiscalía del Estado, de la que informamos en estas páginas, es la primera conocida por parte del Estado porque a la hora de redactar este texto no se tienen noticias de que el Gobierno haya tomado una decisión en ningún sentido ante la acción de Mas.
Es obligado por eso reclamar al presidente Rajoy una respuesta rápida y firme ante lo sucedido. Las cosas han llegado ya demasiado lejos y la democracia española no puede permitir de ningún modo que se siga atacando a sus cimientos. Artur Mas es ahora mismo una pavesa que el viento mueve en la dirección que toca. El miércoles llegó a intentar que Junqueras aceptase una reforma constitucional en lugar del referéndum, pero ayer, presionado por los mismos a quienes él dio alas y aliento, se decidió en cambio a traspasar el límite que dijo que iba arespetar. Hay que responder a su insensatez culpable. Y pronto.