Uno de los grandes males de la enseñanza pública española es el abandono de que ha sido objeto por parte de quienes profesan, en el ámbito educativo y fuera de él, ideas liberales. O sea, por parte de quienes consideran que la enseñanza pública, para garantizar la igualdad de oportunidades, debería facilitar ante todo una formación humanística y científica solvente, libre de anteojeras ideológicas, de modo que cada uno de los futuros ciudadanos que por ella transiten pueda terminar encontrando, conforme al esfuerzo desplegado y al mérito contraído, un lugar en la sociedad. Debería facilitar, digo. Porque es evidente que hoy en día no es así.

Ese desistimiento liberal tiene, claro, su contrapunto: la colonización de que ha sido víctima en España la enseñanza pública, en todas sus etapas –desde la educación infantil hasta la universitaria–, por parte de la izquierda y el nacionalismo supremacista. Por si alguna persona de buena fe albergaba todavía alguna duda al respecto, la tramitación y posterior aprobación de la nueva ley educativa habrá acabado con ella. Si un gobierno de una democracia liberal como se supone que es la nuestra se atreve con una reforma de semejante calado ideológico es porque posee la certeza de que en la enseñanza primaria y secundaria de gestión y titularidad públicas todo está bajo control. Todo: profesores, estudiantes, sindicatos del ramo, asociaciones de padres, y hasta conserjes y bedeles. Y de existir alguna discrepancia, los poderosos tentáculos de la Administración, con sus castigos y sus favores, se bastan y se sobran para acallarla.

El sistema que los rectores del lugar, con el ínclito Ángel Gabilondo a la cabeza, tenían instaurado y cuyas características eran la endogamia, la falta de transparencia, la ausencia de rendición de cuentas

Esa colonización ideológica de la enseñanza primaria y secundaria se ha dado también, claro está, en la universidad pública. Con la particularidad de que en este caso se le ha añadido una figura singular, la llamada autonomía universitaria, que ha terminado convirtiéndose en una verdadera patente de corso. A propósito, les recomiendo que lean, si no lo hicieron ya en su momento, el valiente y muy instructivo ensayo biográfico de Clara Eugenia Núñez Universidad y Ciencia en España. Claves de un fracaso y vías de solución (Gadir, 2013). Comprobarán cómo se paga –en este caso con el cese en el cargo de la propia autora, por entonces directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid– el intento de reformar el sistema que los rectores del lugar, con el ínclito Ángel Gabilondo a la cabeza, tenían instaurado y cuyas principales características eran la endogamia, la falta de transparencia, la ausencia de rendición de cuentas y, en definitiva, la ineficiencia y la consiguiente dilapidación del talento y del dinero público.

Pero volvamos al presente. A lo largo de este mes de enero hemos asistido, para pasmo de muchos –si es que en la mente de los españoles queda todavía espacio para el pasmo–, a una justa de declaraciones encontradas entre el ministro del ramo, Manuel Castells, y la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, con la naturaleza de los exámenes, presenciales u online, como telón de fondo. Se trata de algo inédito. Nunca un ministro había osado enfrentarse, y encima públicamente, a un lobby de este tenor. Por no atreverse, ni siquiera se había atrevido ninguno a dar un paso de cierta trascendencia sin contar con el placet de la CRUE. Pero Castells, como nadie ignora, vive ya en otro mundo. Cuando afirmó en aquella comparecencia en el Congreso que este mundo se acaba, seguro que ninguno de esos rectores magníficos se tomó en serio sus palabras. Y ya ven. No bromeaba, no.

Castells afirma que comprende a los estudiantes cuando advierten del peligro que suponen en tiempos de pandemia las evaluaciones presenciales y abogan por hacerlas online, como al término del pasado curso académico. Los rectores, por su parte, sostienen que no existe peligro alguno de contagio, que los protocolos acordados con Sanidad funcionan, y que las pruebas del curso pasado fueron un paripé en el que los estudiantes copiaron a mansalva, por lo que resulta imprescindible que ahora se hagan de forma presencial. Y, por si no bastaba con esas razones, recuerdan que la autonomía universitaria les asiste. En suma, que el ministro no debería meterse donde no le llaman.

Castells será lo que quieran, pero no engaña. Ya manifestó hace meses que no le importa que los alumnos copien. Es más –apunten, rectores, por si además de magníficos se siguen considerando renovadores y progresistas–, que “la obsesión de que no copien es un reflejo de una vieja pedagogía autoritaria”. Castells es de los tiempos del aprobado general político o del aprobado particular, político o no. Del “ya te suspenderá la vida” (y, al paso que vamos, vaya si los suspenderá). Dicen que ha llegado a ministro porque Colau así lo quiso. Tal vez. Pero me da que al presidente Sánchez ese enfrentamiento de Castells con el lobby rectoral no le preocupa lo más mínimo. Y, si me apuran, hasta puede que le despierte cierta simpatía. ¿Cómo no va a compartir con su ministro ese desprecio por la limpieza en las evaluaciones un presidente que, aparte de haber copiado su tesis doctoral, no admite otra evaluación sobre su gestión de gobierno que la suya propia?