El título de esta columna no es retórico; expresa el temor fundado a que el sanchismo lleve su asalto a la democracia hasta el extremo de manipular el resultado de unas elecciones. A la vista de la escalada registrada en los ataques perpetrados contra la independencia judicial y los medios de comunicación críticos desde que estallaron los casos de corrupción que afectan a la familia de Pedro Sánchez, no resulta en absoluto descabellado pensar que sus pretorianos estén dispuestos a llegar hasta donde haga falta con tal de proteger a su esposa, su hermano o su fiscal general. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que perpetuarse en el poder a costa de dinamitar los pilares que sustentan nuestro régimen de libertades? La posibilidad de un pucherazo cobra cada día mayor verosimilitud, es factible desde el punto de vista tecnológico y debería poner en alerta al conjunto de la sociedad, empezando por los partidos que representan a la oposición. Como demuestra el caso de Venezuela, una vez perdidos los derechos que ampara y garantiza la vigente Constitución, sometida a una ofensiva brutal, sería prácticamente imposible recuperarlos, entre otras razones porque nos dejaría completamente solos una comunidad internacional fragmentada, de países ensimismados en sus propios problemas, que ha renunciado a dar la batalla de los principios.

La reforma registrada por el Grupo Socialista en el Congreso para eliminar en la práctica la figura de la acusación popular y apartar de una causa a cualquier juez que haya expresado una opinión en público reviste una gravedad sin precedentes. Se trata de legislar en caliente (eso de lo que la izquierda siempre ha dicho abominar), otorgando carácter retrospectivo a la medida y ‘ad hominem’; o sea, con el propósito descarado de salvar a unos imputados concretos cuya presunción de culpabilidad no hace sino agigantarse. Se trata de rescatar del banquillo a Begoña Gómez, David Sánchez y Álvaro García Ortiz antes de que pasen del juzgado a la cárcel. Se trata de amordazar a los magistrados, maniatar a los ciudadanos y dejar la persecución de los delitos únicamente en manos de una Fiscalía dependiente del Ejecutivo y estructurada jerárquicamente. Es decir, de concentrar los tres poderes del Estado en la figura de Sánchez, caudillo de la hueste liberticida en cuyas filas se alinean golpistas, independentistas, enemigos declarados de la Corona y el partido de ETA, cuyos asesinos también se beneficiarán si esta atrocidad sale adelante, toda vez que las víctimas perderán la capacidad de personarse en los procesos.

Sánchez va con todo lo que tiene a por nuestra democracia, mientras celebra la flebitis que mató a Franco en la cama. No se detendrá ante nada. Es cierto que aún nos quedan la UCO y algunos periodistas libres, pero de nada servirán si su trabajo no produce consecuencias. Si no reaccionamos ahora, mañana será demasiado tarde.