Ibarretxe no puede ignorar que es imposible que el presidente español acepte desbordar los límites constitucionales. Cabe conjeturar que su texto iba dirigido a provocar la ruptura, para presentarse como víctima de la intransigencia española, y a hacer ver a los de EHAK que les conviene más permitirle seguir con su hoja de ruta que provocar el anticipo electoral.
Zapatero contestó con un no bastante escueto al emplazamiento de Ibarretxe y se dedicó a hablar de otras cosas (economía, trenes, tecnología), sin entrar en las polémicas abstrusas que busca el lehendakari para alimentar su discurso victimista. El choque de locomotoras augurado por el PNV se aplaza, pero no hasta la entrevista del día 20 en La Moncloa, cuyo desenlace ya se conoce, sino hasta el pleno del Parlamento vasco de junio en el que se vota la autorización para convocar la consulta soberanista.
Será entonces cuando el lehendakari tendrá que explicarse: decidir si acepta los votos de EHAK (el grupo sucesor de Batasuna), que necesita para proseguir su ruta, y si está dispuesto a desafiar a la legalidad una vez que la convocatoria sea recurrida. O si renuncia a esos votos y, como se comprometió, convoca elecciones anticipadas, con el riesgo de perderlas.
Lo planteado por Ibarretxe es que el presidente del Gobierno de España dé luz verde a la renuncia del Estado a participar en la definición de un nuevo estatus político del País Vasco y Navarra. La autodeterminación, ahora con la astucia pueril (pero no inocente) de incorporar párrafos del preacuerdo discutido en Loiola a finales de 2006 por PSOE, PNV y Batasuna en un intento de evitar la inminente ruptura de la tregua. Aquello fue un error, pero es desleal en grado sumo que lo utilice contra los socialistas el lehendakari elegido en las listas del partido que compartió con ellos la responsabilidad de cometerlo.
Imaz no lo habría hecho. Y tampoco habría planteado la consulta al modo de Ibarretxe: como sucedáneo del inexistente acuerdo, y en plena ofensiva etarra de intimidación contra los socialistas. El anterior presidente del PNV recordó el pasado verano el compromiso de su partido y del tripartito vasco de condicionar la consulta a la ausencia de violencia y a la existencia de un acuerdo previo entre los partidos «que rechazamos la violencia como forma de alcanzar fines políticos». La consulta, decía Imaz, «no es un arma arrojadiza ni una excusa de los partidos para delegar en la sociedad su obligación de (…) lograr un acuerdo».
Lo que el sábado dijo su sucesor Íñigo Urkullu fue que, si no hay acuerdo, cada cual defenderá sus planteamientos «hasta el final», aunque «desde el respeto a las reglas de juego». Pero la propuesta de Ibarretxe a Zapatero es un intento de saltarse esas reglas: de sustituir el consenso interno por una adhesión del presidente Zapatero a una propuesta personal del lehendakari, y de desbordar los límites constitucionales mediante procedimientos plebiscitarios.
Ibarretxe no puede ignorar que es imposible que el presidente español acepte tal cosa. Por eso cabe conjeturar que el texto iba más bien dirigido a provocar la ruptura, para presentarse como víctima de la intransigencia española, y a hacer ver a los de EHAK que les conviene más permitirle seguir adelante con su hoja de ruta que provocar el anticipo electoral.
Editorial en EL PAÍS, 12/5/2008