EL MUNDO 25/03/14
· Los ‘whatsapp’ entre los miembros de las UIP muestran la violencia del 22-M y el enfado con los «mandos policiales»
Está claro quién lanzó las piedras contra la Policía tras la celebración de la marcha «por la dignidad» en Madrid. Los grupos de radicales, extremadamente violentos, convirtieron las calles de la capital en un auténtico campo de batalla la noche del pasado sábado. Fruto de su actuación, 67 policías resultaron heridos, algunos de una consideración muy importante.
El intercambio de mensajes de WhatsApp entre los miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que tuvieron que hacer frente a los radicales es revelador de la extrema violencia de la que fueron objetivo y del enfado de los agentes con sus mandos policiales.
«Yo, siete puntos en la cabeza. Un oficial, 30 puntos y cuatro piños jodidos», indica descriptivamente uno de los heridos en los altercados.
«No recordaba una violencia tan extrema desde que se producían altercados tras las manifestaciones contra la guerra», recuerda uno de los operativos. Ese número tan alto de víctimas policiales necesita una respuesta. Y los sindicatos están dispuestos a no cejar en sus reivindicaciones. Porque saben lo que han dicho sus afiliados. Porque saben que se han producido situaciones cuando menos poco habituales en los dispositivos de seguridad ciudadana. Porque han visto las heridas de los suyos, las comunicaciones de sus afiliados y han visto las imágenes de lo que pasó.
«He perdido el conocimiento dos veces», apunta en una comunicación telefónica uno de los heridos en los incidentes. «Yo, siete puntos en la cabeza y uno en la cara. Mi inspector, 11 en la cabeza», describe este agente la brutalidad de los miembros de extrema izquierda que protagonizaron los incidentes.
Algunas de estas comunicaciones revelan que se pidió apoyo «mil veces, así como permiso para usar material, y no se oía nada», según apunta este mismo agente.
De momento, oficialmente el Ministerio del Interior ha abierto una información interna para investigar los hechos. Hasta que no la concluya no emitirá un dictamen. Pero fuentes policiales admitieron que, efectivamente, durante la noche del sábado se produjeron algunos errores operativos. Negaron haber dado orden de no utilizar el material antidisturbios. Admitieron que, como se hace en otras ocasiones, se recomienda a los agentes apurar hasta el límite antes de «emplear la fuerza». Entre estas situaciones equívocas se produjeron órdenes que enviaban efectivos a Castellana cuando los incidentes se producían en el paseo de Recoletos. También indican que el grupo de ultras más radicales procedía de Galicia y que no se detectó previamente su llegada.
Para dar explicaciones y atender las demandas de información se reunió ayer el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, con los sindicatos. Los dirigentes de SUP, CEP, UFP y SPP denunciaron de nuevo una mala planificación policial y exigieron responsabilidades. Siguen sin explicarse cómo el mayor dispositivo jamás desplegado en una movilización de estas características, con 1.750 antidisturbios, acabó de esa manera.
Las explicaciones siguen sin satisfacer a los sindicatos, que insisten en reclamar las destituciones del comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, y del comisario jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de toda España, José Miguel Ruiz Iguzquiza. «O las unidades de los antidisturbios no estaban donde tenían que estar o estaban mal distribuidas», aseguró la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, quien destacó que hubo graves «errores» en la planificación. «Incomprensiblemente se dio la orden de aguantar» el empleo de la fuerza policial.
Gracia advirtió de que no hubo agentes fallecidos únicamente porque llevaban el chaleco «antitrauma» puesto, ya que de lo contrario les hubieran matado «a navajazos».
También el secretario general de la UFP, Víctor Duque, consideró que hubo fallos durante el desarrollo del operativo. Desde la dirección del mismo se pensó que «se podía dialogar con ellos», subrayó el dirigente sindical, para quien además se cometió otro importante fallo, y es haber «cortado alegremente el material antidisturbios» y reducirlo de ocho a dos escopetas por cada subgrupo sin pelotas de goma y sólo con disparos de fogueo.
La presencia de varias furgonetas de la Policía Municipal y la irrupción de un camión de bomberos, que fue utilizado por los radicales para avanzar contra la Policía, también están siendo investigados.
Por su parte, todos los detenidos excepto uno fueron puestos ayer en libertad y deberán esperar juicio. Se les acusa de lesiones y daños o atentados a la autoridad.
El encarcelado es un joven acusado de intento de homicidio, algo sin precedentes en este tipo de sucesos. Identificado como Miguel M. S., se le acusa de golpear con un adoquín «de grandes dimensiones» a un agente en la cabeza.
Frente a los juzgados se concentraron simpatizantes de los detenidos y por la tarde varios cientos de personas se volvieron a manifestar, llegando a cortar el Paseo de la castellana. Al salir en libertad, varios arrestados aseguraron haber sufrido malos tratos por parte de los agentes.