Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 18/7/12
Hay una demanda social de saber si hay culpables de la crisis y que respondan por ello
Una gran cantidad de ciudadanos, empleados públicos en su mayor parte, están saliendo estos días a la calle para protestar contra las medidas económicas del Gobierno que reducen sus retribuciones, empeoran sus condiciones laborales o deterioran las prestaciones sociales que reciben. Es patente la indignación de quienes vieron como hace dos años se reducían sus salarios y ahora pierden otra parte de sus nóminas. El hecho de que a la protesta se sumen colectivos que tradicionalmente suelen estar al margen de este tipo de movilizaciones, como policías, jueces o fiscales, da una idea de la extensión del malestar social existente.
Estos días es frecuente oír el argumento «nosotros -los que protestan- no hemos causado la crisis y por tanto no tenemos que pagar sus consecuencias». Es cierto que el ciudadano de a pie tiene poca responsabilidad en la definición de las políticas económicas que nos han conducido a esta situación, más allá de votar a los partidos que las han decidido. Invocar el yo no he sido, lamentablemente, no pondrá a salvo a nadie de tener que apechugar con la parte de sacrificio que le toque. Es un desahogo, pero poco más.
La indignación general parece dirigirse contra la clase política en general. Así lo indican algunos gritos que se oyen estos días: «El próximo parado, que sea un diputado». Tal vez algunos quisieran repetir el precedente islandés de sentar en el banquillo al responsable del gobierno con el que apareció la crisis, pero no es fácil. Más fácil parece, en cambio, llevar ante los tribunales algunas prácticas de entidades bancarias y de ahorros que han colocado polémicos productos financieros entre muchos de sus clientes que carecían de capacidad para entender lo que estaban comprando y a los que, además, tampoco se informaba de manera conveniente.
En el capítulo de la exigencia de responsabilidades legales, el partido de Rosa Díez, UPyD, se ha apuntado, sin duda, un punto al presentar en la Audiencia Nacional la denuncia contra los responsables de Bankia que ha dado pie a la apertura de un procedimiento judicial. Tal vez haya quien piense que es demagógica o populista, pero lo cierto es que la iniciativa de UPyD conecta con un extendido deseo social de que se castigue a los culpables, quienesquiera que sean, de la crisis en general o de algunos comportamientos que han conducido al hundimiento de antiguas cajas de ahorros en las que, muchas veces, el interés del poder político o el afán de ganar tamaño a toda costa se impuso por encima de la prudencia y les llevó a asumir riesgos que iban más allá de lo que permitía el buen gobierno.
La necesidad de que, como mínimo, den explicaciones sobre la crisis de Bankia y las otras entidades intervenidas aquellos que han tenido responsabilidades en su gestión está también detrás de la decisión de los partidos de poner en marcha una investigación en el Congreso. Hay una demanda social de saber por qué se ha producido la crisis, de conocer si hay culpables, y, en caso afirmativo, de que tengan que responder por ello ante los ciudadanos y ante los tribunales.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 18/7/12