El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores dice textualmente: “El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional”. El único requisito que se impone es que se tengan en cuenta el IPC, la productividad, la participación de los salarios en la renta nacional y, por último, la coyuntura económica general. La palabra clave es consulta. Es decir, se asume que es el Gobierno quien una vez al año (normalmente, en el último Consejo de Ministros) decide de forma libérrima —con los límites antes señalados— cuánto debe subir el SMI. 

Su fijación, por lo tanto, no es fruto de una negociación con sindicatos y patronales, sino de un acuerdo de gobierno tras una consulta pertinente. La vicepresidenta Yolanda Díaz, sin embargo, se ha embarcado en unas presuntas negociaciones —incluso ha creado una comisión de expertos— que no recogen ni el espíritu de la ley ni su plasmación material. De hecho, esto es lo que ha sucedido desde que en el año 1963, en plena dictadura, se decretó —aquí el texto— el primer salario mínimo: 1.800 pesetas al mes, lo que hoy serían 10,8 euros en términos corrientes (sin tener en cuenta la inflación).

Así ha ocurrido, incluso, desde la recuperación de la democracia. En 1977, por ejemplo, el salario mínimo ya había subido a 13.200 pesetas al mes, y desde entonces todos los gobiernos, de derechas y de izquierdas, han tomado libremente su decisión tras una breve (y obligada) consulta con sindicatos y organizaciones empresariales. 

Esta autonomía del poder político no es gratuita ni fruto de ningún antojo. Es así porque la cuantía del salario tiene una estrecha relación, hasta llegar a condicionarlos, con los convenios colectivos, que es el ámbito de negociación soberano de sindicatos y empresarios, un territorio en el que ningún Gobierno debe meterse, salvo en lo que corresponde al sector público.

Criterios técnicos

Es por eso por lo que se trata de dos ámbitos de negociación distintos, ya que si el Gobierno se entromete, pactando con sindicatos y empresarios algo que afecta directamente a la negociación colectiva, ello supondría una clara injerencia en la autonomía de las partes, como siempre recuerda la OIT (Organización Internacional del Trabajo). De ahí que la cuantía del SMI sea una decisión política que debe estar avalada por criterios técnicos, pero política al fin y al cabo. CCOO, de hecho, recordó ayer, tras reunir a su consejo confederal, el máximo órgano de decisión entre congresos, que los datos de la comisión de expertos nombrados por Díaz “no vinculan” al sindicato.

Es evidente que Yolanda Díaz ha querido influir en la decisión última que tomará dentro de unos días en el Consejo de Ministros con un doble objetivo. El primero, seguir teniendo un papel central en el diálogo social, lo cual no solo es razonable, sino que está en el centro de sus funciones como ministra de Trabajo. El segundo es más intangible. Díaz considera que de esta manera se refuerza su posición ante la vicepresidenta Calviño, que en última instancia, como coordinadora de la política económica del Gobierno, es quien debe decidir su cuantía, aunque la última palabra la tendrá Pedro Sánchez, precisamente porque se trata de una cuestión política. 

La estrategia, sin duda, es razonable en términos políticos, pero ha sido un error, porque es un clavo más sobre el ataúd del moribundo diálogo social. Sobre todo después de que el grupo socialista pactara con EH Bildu reforzar el papel de la Inspección de Trabajo en los expedientes de regulación de empleo, un asunto que se apartó en la reforma laboral. Precisamente, porque era una de las líneas rojas de la patronal. 

La estrategia es razonable en términos políticos, pero ha sido un error, porque es un clavo más sobre el ataúd del moribundo diálogo social 

Existen razones para justificar esa modificación en aras de evitar fraudes en los procesos de reestructuración de las empresas, pero hacerlo justo cuando la ministra de Trabajo estaba tratando de involucrar a CEOE en la fijación del salario mínimo era una invitación al fracaso. Y eso es lo que ha sucedido. 

Lo que pretendía ser un acuerdo ha resultado un fiasco, y el alguacil ha acabado alguacilado, como alguna vez recordó Quevedo. Y lo que es peor, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, ha alejado a los sindicatos de Yolanda Díaz. CCOO, el sindicato más cercano a la ministra, recordó ayer que “el Ministerio de Trabajo no ha consultado ni trasladado al diálogo social” el pacto con EH Bildu.

Diálogo bipartito

Es más, como recoge el comunicado del sindicato de Unai Sordo, tampoco el Gobierno “parece muy dispuesto a abordar con seriedad un pacto de rentas, pese a sus reiterados anuncios”. No es una declaración cualquiera. Supone, ni más ni menos, que el sindicato pasa página de pactos de rentas, lo que significa que ahora se centrará, «manteniendo un pulso propositivo», en aquellas materias de diálogo social tripartito que considera relevantes, como son la formación, la salud laboral o el seguimiento de los Perte.

¿Qué significa esto? Pues que los sindicatos, también UGT, necesitan del diálogo social (va en su ADN) para sacar adelante sus propuestas, pero en un clima como el que se ha creado con el asunto del SMI y la enmienda de los ERE, parece poco probable que fructifique. Probablemente, por un mal cálculo de la ministra, que ha querido lograr protagonismo en una cuestión que excede a sus propias competencias. 

Los sindicatos, es más, quieren volver a pactar con CEOE un nuevo AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) porque saben que se trata de un instrumento idóneo para poder recuperar las rentas salariales perdidas por la inflación. Algo que supone desplazar la atención del diálogo social desde el Ministerio de Trabajo (donde ha descansado en los últimos años) a los tajos y los centros de trabajo, lo cual deja a Yolanda Díaz un tanto desdibujada. O expresado de otra forma, el diálogo tripartito será cada vez más bipartito. Se apagan los focos.