José Luis Rodríguez Zapatero confirmó ayer que recibirá «de manera inmediata» al lehendakari, Juan José Ibarretxe, en La Moncloa. Anunció que, tras reunirse con Ibarretxe, se entrevistará con el líder del PP, Mariano Rajoy, con quien quiere «compartir iniciativas» de respuesta al plan.
José Luis Rodríguez Zapatero confirmó ayer que recibirá «de manera inmediata» al lehendakari, Juan José Ibarretxe, en La Moncloa. Precisó que atenderá su petición de entrevista, tras la aprobación del plan soberanista en el Parlamento vasco el pasado día 30, «por coherencia» con su forma de entender la política, «basada en el diálogo». Pero advirtió: «Ibarretxe me va a escuchar que se puede dialogar de todo dentro de la Constitución. Fuera de la Constitución no cabe nada». Anunció que, tras reunirse con Ibarretxe, se entrevistará con el líder del PP, Mariano Rajoy, con quien quiere «compartir iniciativas» de respuesta al plan.
Zapatero compareció ayer por vez primera ante los medios de comunicación tras la aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco el pasado jueves. Lo hizo en Sevilla, acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, después de visitar una residencia de ancianos. En sus primeras declaraciones sobre el plan, el presidente puso énfasis en el mensaje de firmeza y rechazo contra el mismo. «El plan Ibarretxe no va a prosperar porque no respeta principios esenciales de la Constitución española ni tampoco los procedimientos establecidos para cambiar leyes o estatutos. Ni cuenta, ni va a contar con el apoyo del Gobierno o del PSOE», dijo Zapatero.
El presidente explicó que su firmeza en el rechazo del plan no implicaba su renuncia a atender la petición de entrevista que le formuló Ibarretxe el mismo día de la aprobación del texto en el Parlamento vasco. Pero también aclaró que en la reunión no habría ningún tipo de negociación «de Gobierno a Gobierno», como desea el lehendakari. Zapatero le advertirá de que su plan soberanista «no cabe en la Constitución» y, por tanto, sólo le espera el rechazo de la mayoría de las Cortes españolas. La reunión, según fuentes de La Moncloa, se prevé extensa porque el presidente pretende recabar la mayor información posible del lehendakari.
Recurso al Constitucional
Zapatero aclaró que tampoco utilizará de inmediato la vía judicial, el recurso ante el Tribunal Constitucional, para lograr la paralización del plan, como reclama el PP. Argumentó que fracasó su precedente inmediato, el recurso del Gobierno de Aznar contra la decisión del Ejecutivo vasco de aprobar el plan hace dos años, que se zanjó con una sentencia contraria del alto tribunal. «El Gobierno no lo va a hacer, no va a dar pasos en falso», dijo. A continuación, pidió al PP que tenga «la prudencia de esperar, analizar y estudiar lo que pueden ser respuestas en el ámbito jurídico-institucional».
Pese a esta discrepancia táctica con el PP sobre el modo de desactivar el plan Ibarretxe, Zapatero anunció también que próximamente se entrevistará con el presidente del PP, Mariano Rajoy. Y adelantó el objetivo de la entrevista: «Compartir análisis e iniciativas» para frenar el plan. Agradeció, asimismo, la «predisposición de apoyo» de Rajoy al Gobierno en este asunto, «con independencia de las críticas al Ejecutivo con que adornan sus manifestaciones públicas».
Zapatero combinó su mensaje de firmeza con otro de serenidad. En referencia a la amenaza del presidente de la Diputación de Álava, Ramón Rabanera, del PP, de declarar la secesión de esta provincia de la comunidad vasca si el plan Ibarretxe prosperara, el presidente del Gobierno insistió en que esa hipótesis, la aprobación del plan, no se haría realidad. «El plan Ibarretxe es sólo una propuesta. No tiene ningún efecto legal ni lo va a tener», insistió.
También trató de quitar hierro a los posibles efectos negativos que el plan Ibarretxe puede tener en el proceso de reformas de los estatutos que se abre este año. «Son reformas necesarias para mejorar el funcionamiento del Estado y serán tenidas en cuenta si cumplen los requisitos de respeto a la Constitución y de aunar un consenso amplio».
EL PAÍS, 4/1/2005