La presencia de las instituciones del Estado es una última garantía frente a tendencias abusivas de los poderes autonómicos (en materia lingüística, por ejemplo). Esta preocupación es hoy parte del debate político e intelectual del PSOE, Debería aprovecharse la propuesta de Rajoy para tratar de integrarlas en una reforma constitucional consensuada.
Zapatero se comprometió a realizar en septiembre un último intento de negociar con Rajoy las reformas de la Constitución que figuran en el programa socialista, y que no serían viables sin un acuerdo entre sus dos partidos. Rajoy mostró escaso interés por esas reformas, pero recientemente ha planteado su propia propuesta: una reforma que delimite las competencias del Estado que serán intransferibles en todo caso, e incluso que permita recuperar o compartir algunas ya transferidas.
Tal vez sea posible un acuerdo por el que el PP aceptase respaldar las reformas del PSOE (o la principal de ellas, la del Senado) a cambio de que Zapatero respaldase la de Rajoy. La reforma del Senado fue una propuesta lanzada en su día por el PP. En su libro España: la segunda transición, Aznar defendía su transformación en una auténtica cámara de representación territorial como cauce para la participación de las autonomías en la formación de la voluntad estatal: el mismo argumento empleado por Zapatero para propiciar una reforma que garantizara la representación de las autonomías en las instituciones europeas, y su participación en organismos estatales como el Consejo del Poder Judicial, el de RTVE, etc.
A su vez, ¿por qué le interesaría al PSOE una reforma que detenga la dinámica que está convirtiendo en «residual» (según Maragall) al Estado? Por una cuestión de principios y por motivos prácticos. Será difícil evitar una generalización de la dinámica abierta por el nuevo Estatuto catalán en el sentido de privar al Estado de los instrumentos necesarios para el ejercicio efectivo de sus funciones específicas. Por ejemplo, la de garantizar la solidaridad interterritorial y el principio de igualdad de derechos y obligaciones de los españoles «en cualquier parte del territorio» (arts. 138 y 139 de la Constitución). ¿Qué capacidad de maniobra le quedaría si otras comunidades también reclamaran que las inversiones del Estado en ellas fueran equivalentes a su aportación al PIB nacional? La presencia de las instituciones del Estado es, mal que bien, una última garantía frente a tendencias abusivas de los poderes autonómicos (en materia lingüística, por ejemplo). Estas preocupaciones forman parte desde hace un par de años del debate político e intelectual del PSOE (en la Fundación Alternativas, por ejemplo), por lo que no sería descabellado aprovechar la propuesta de Rajoy para tratar de integrarlas en una reforma constitucional consensuada.
Además, la experiencia viene demostrando que fue un error transferir íntegramente ciertas competencias (como la de protección civil) que dejaron al Estado sin poder de intervención ante situaciones como la planteada en su día por la huelga de grúas -con efectos en la seguridad vial- o por catástrofes como la del Prestige. El anuncio de la creación de una Unidad Militar de Emergencias no deja de ser un reconocimiento de impotencia por parte del Estado. ¿No sería más conveniente compartir la competencia y crear una estructura estatal de protección civil? Si es posible ampliar competencias autonómicas mediante reformas estatutarias, ¿no debería serlo también recuperar para el Estado aquellas que la experiencia aconseje? No es cierto que la proximidad garantice siempre mayor eficacia; y como insiste Ramón Recalde, es falso que el grado máximo de autonomía sea siempre el óptimo.
Rajoy ha invocado la reciente reforma alemana. Esa reforma no es sólo de recorte de la capacidad de veto de los länder sino de clarificación de competencias y racionalización del sistema. En materias como la enseñanza universitaria o la función pública, se avanza en la descentralización. En otras, se refuerza el poder de las instituciones centrales. Hay base, por tanto, para aparcar por un momento el escepticismo ante tanta bronca y tomar en serio a los dos principales líderes políticos españoles cuando dicen que están dispuestos a negociar unas reformas que por separado no podrían abordar.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 14/9/2006