Editorial-El Debate
  • Nada de lo que haya hecho uno se entiende sin el apoyo del otro, con la sospecha de que entre ambos han alineado a España con arreglo a esos intereses bastardos

Las confesiones en sede judicial del empresario Julio Martínez y de los actuales dirigentes de Plus Ultra, en el sentido de que Zapatero cobró una mordida por el rescate con dinero público de una aerolínea irrelevante, acerca al expresidente del Gobierno a una dura condena y, en todo caso, entierra su lamentable carrera política.

Ya está imputado por delitos como el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales o la pertenencia a organización criminal, con episodios tan chuscos como la propiedad de unas costosísimas joyas de origen desconocido. Y es muy probable que tenga que enfrentarse a juicio por todo ello y algún cargo más una vez ha sido delatado.

Sin necesidad de esperar al fallo judicial, su imagen está destruida, y también su mensaje: el de una especie de profeta de los derechos humanos y del progresismo que, en realidad, utilizaba a testaferros, creaba empresas pantalla con interpuestos y se dedicaba a utilizar su agenda política para hacer negocios, esconderlos e incluso negarlos en el Senado y ante un tribunal.

Pero en quien hay que fijar la atención, por encima incluso de en este codicioso infame, es en quien ha sido su colaborador necesario, ya veremos si a sabiendas de los beneficios que lograba o por mera sintonía, pero en todo caso con toda la responsabilidad política.

Porque si Zapatero vendía influencia es porque la tenía. Y si la tenía es porque Pedro Sánchez la avalaba: desde luego en el caso de Plus Ultra, cuyo rescate solo fue posible porque el Gobierno despreció el cumplimiento de sus propios requisitos y forzó la concesión de una millonada, con un sinfín de decisiones previas adoptadas caprichosamente a pesar de que todas las alarmas saltaron pronto al respecto de la improcedencia de la operación.

Cabe resaltar, por ejemplo, que el informe inicial elaborado para «justificar» el rescate fue ocultado durante meses por el Gobierno y que, cuando El Debate lo publicó, se demostró que ni con esa ayuda se podía maquillar la realidad de una compañía en pérdidas desde su fundación y no por la pandemia, sin aviones propios, con pocos viajeros y sin ninguna relevancia en el sector.

El propio Sánchez forzó ese rescate, y con él todo el Consejo de Ministros, con desprecio temerario por los avisos, y después defendió en sede parlamentaria su necesidad, convirtiéndose en el principal padrino de un asalto al presupuesto público.

Y hay más. Porque toda la SEPI, el organismo encargado de la operación, está bajo sospecha y con sus máximos responsables imputados. Y porque, paralelamente al procesamiento de Zapatero, la Audiencia Nacional investiga la conexión del propio PSOE con el petróleo venezolano, del que el expresidente parece ser también una especie de comercial.

Lo peor de todo es que, junto a la corrupción política y económica habitual que ya representan Zapatero y Sánchez, se intuye algo aún más preocupante: nada menos que la decisión del actual presidente de situar a España en el eje geopolítico coincidente con los espacios de negocio espurio de su antecesor, protegido y protector.

Urge aclarar si Zapatero se ha enriquecido con Venezuela, China, Marruecos, Guinea o países de Oriente. Pero también despejar la insoportable sospecha de que Pedro Sánchez ha redefinido la posición internacional de España para sintonizarla con los chanchullos de su socio político y quien sabe si hacer partícipe de ellos a su organización política.

En todo caso, es inaceptable que un presidente sin votos propios, sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos, con el hermano condenado y la esposa a punto de juicio, con sus dos manos derechas en prisión o cerca de ella, con su partido al borde de ser imputado y con su referente al borde del banquillo, siga ni un minuto más en el cargo.