Zoido: “No autorizaría una investigación que tuviera un objetivo político”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no quiere ni oír hablar de “policía política” pero asume que es cosa de “algunos” que ya están fuera o jubilándose. A Zoido le ha tocado soportar los embates de esa llamada “policía política” (o patriótica) nada más asumir su cargo. Se trata de una fea herencia que sigue coleando, encarnada en una batalla judicial entre dos comisarios: el “agente especial” José Villarejo (recientemente jubilado) y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas (a un mes de la jubilación). Ellos y sus respectivos partidarios, incluyendo al ex número dos de la policía, el anterior director adjunto operativo Eugenio Pino, no dejan de protagonizar titulares de prensa gracias a sus entrevistas o filtraciones en forma de grabaciones furtivas, informes (aparecidos y desaparecidos) y hallazgos de comprometidos pendrives con información financiera de la familia Pujol, por ejemplo.

P—¿Le parece a usted bien que algunos policías, sin mandato judicial, se dediquen a investigar a políticos catalanes de la órbita independentista?
R—A mí no me consta que eso se haya producido. Lo que sí puedo decir es que es algo que, ni se debe hacer, ni yo lo autorizaría.

Zoido entra en el despacho donde su predecesor fue grabado en conversaciones comprometidas. El contenido de esas grabaciones terminó por arruinar su mandato. “Me siento seguro, no tengo nada que ocultar, si alguien me graba que lo haga, pero yo no creo que nadie lo esté haciendo”, asegura el ministro.

El pasado jueves se abría la Comisión de Investigación correspondiente a esos hechos en el Congreso de los Diputados. Es relevante que ni el PP ni el PSOE quieren que declaren en sede parlamentaria los mandos policiales, especialmente el comisario jubilado, José Manuel Villarejo.

Zoido asegura que no le interesa siquiera lo que diga el informe elaborado por la Policía Judicial y enviado a la fiscalía acerca de cómo pudieron producirse esas grabaciones y quién las pudo filtrar. Pero la oposición en bloque quiere clarificar todo lo relativo a esa charla entre Jorge Fernández Díaz con el entonces responsable de la Agencia Antifraude Tributaria catalana, Daniel de Alfonso, en la que buscaban posibles corruptelas atribuibles a políticos independentistas catalanes.

Al ministro tampoco le interesa mirar al pasado. “Lo único que quiero es mirar hacia el futuro”, dice casi huyendo de sus propias palabras. “De esas personas hay algunas que ya no están porque se han jubilado”, señala, asumiendo que el entramado policial que realizaba ese tipo de actuaciones ajenas a la vigilancia de jueces y fiscales era cosa de unos pocos.

Algunos de esos pertenecían a una brigada secreta de Revisión de Casos (BRC), creada por Eugenio Pino, y desmontada por su sucesor, Florentino Villabona, para reconvertirla en la Unidad de Desaparecidos. Es precisamente Pino, ya jubilado, e irritado al verse como parte de las llamadas “cloacas del Estado”, quien habló recientemente en una entrevista con El Mundo de tres informes de esa (su) Brigada. Uno, el de Marta del Castillo, que Zoido asegura que “no existe”. Dos, el del 11-M, que una vez localizado y analizado “no abundaba en la teoría de la conspiración” ni aportaba nada relevante que aconsejara reabrir la causa. Y tres, otro sobre el caso Faisán, que directamente “no aparece”.

Por si faltaran elementos, apareció también de repente en un despacho policial, y fue entregado al juez José de la Mata, un pendrive con información financiera de la familia Pujol. Pero nadie sabe, tampoco el ministro, de dónde ha salido y cómo ha llegado a ese despacho. Tampoco sabe nadie si saldrán más. “Yo lo único que quiero es tener la tranquilidad de que la gente está trabajando en lo que tiene que trabajar”, resuelve Zoido, que asegura, en defensa de su nueva etapa y como bálsamo que pueda mejorar la imagen del Ministerio, estar “obsesionado con la transparencia”.