EL CONFIDENCIAL 10/01/17
JAVIER CARABALLO
· El acercamiento de los presos de ETA al País Vasco puede convertirse en uno de los asuntos decisivos de esta segunda legislatura de Rajoy
Los malos políticos confunden el inmovilismo con la firmeza, la inactividad con la prudencia y el seguidismo con la estrategia. Los malos políticos piensan que el principal secreto de la política es no hacerse notar demasiado, saber colocarse siempre en el sentido en el que sopla el viento y navegar plácidamente a remolque del velero mayor. Los malos políticos son así, piensan así, y lo peor es que tienen razón porque hay muchos de ellos que han demostrado que el principal valor para la supervivencia en política es la grisura, la discreción, no hacerse notar. Siempre ha sido así, acaso desde los ‘culiparlantes’ de las Cortes de Cádiz, que así se llamaba a los políticos que solo levantaban el trasero del escaño para votar, pero quizás es ahora, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, cuando el inmovilismo ha alcanzado una mayor valoración. La frase tantas veces repetida del presidente Rajoy de que “a veces, la mejor decisión es no tomar ninguna decisión” se ha convertido en lema de este Gobierno para algunos de los problemas más controvertidos que existen en España, casi todos ellos relacionados con las tensiones territoriales.
El nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, puede ser, en ese sentido, uno de los alumnos más aventajados del presidente Mariano Rajoy. Quienes lo conocen bien de su etapa como alcalde de Sevilla podrían encuadrarlo perfectamente en ese perfil de político que, pese a las apariencias y a las comparecencias, por lo que se caracteriza es por dejar que los problemas se pudran. En sus primeras declaraciones como ministro, Zoido ya ha dado muestras de ese carácter cuando le han preguntado por algunas de las cuestiones más relevantes de su cartera, como es la compleja polémica por la dispersión de los presos de ETA. Lo que ha dicho Zoido, en una entrevista en ‘El Correo’ vasco, es que no ha llegado el momento de acercar al País Vasco los presos sino que “ha llegado el momento de seguir aplicando el imperio de la ley por encima de todo”. “ETA tiene que cumplir cinco condiciones: disolverse, entregar las armas, manifestar su arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y resarcir el daño. A partir de ahí, empezaríamos a hablar. Mientras tanto, no vamos a cambiar la aplicación de la legislación vigente ni la ley penitenciaria”, sostiene el ministro.
· El acercamiento de presos, en las circunstancias actuales de inactividad de la banda terrorista, debería resolverse con un acuerdo democrático
En las circunstancias políticas y sociales de España en este momento, y en el País Vasco de forma especial, la negativa rotunda del ministro tiene una gran importancia porque el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco puede convertirse en uno de los asuntos decisivos de esta segunda legislatura de Rajoy. Por un lado, porque el PNV lo ha incluido entre sus exigencias para alcanzar cualquier acuerdo con la menguada mayoría del Partido Popular en el Congreso pero, sobre todo, porque el acercamiento de presos, en las circunstancias actuales de inactividad de la banda terrorista ETA tras la tregua de 2010-2011, debería resolverse con un acuerdo democrático, dentro del pacto antiterrorista, sin esperar que, en el futuro, se lo puedan anotar como victoria aquellos que siempre han apoyado a los terroristas. Como ya se ha reflejado aquí otras veces, hay quien interpreta el acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco como una medida de debilidad, de cesión a los intereses etarras, pero ese es el mayor error porque se trata de todo lo contrario: de convertir el acercamiento en una muestra más de la aplastante victoria del Estado de derecho sobre la extorsión y el asesinato terrorista.
Un socialista cabal como Nicolás Redondo Terreros es uno de los defensores primeros de esta tesis, y en un reciente artículo de prensa ha vuelto a repetirlo: “La dispersión de los presos fue una medida legítima pero excepcional y, una vez desaparecida la causa de excepción —no parece posible que la banda vuelva a ponernos contra las cuerdas—, es razonable pensar en su desaparición (…) Hoy somos nosotros, con la política como instrumento y los intereses de la sociedad como fundamental criterio de interpretación, los que tenemos la iniciativa y, por lo tanto, la responsabilidad”.
Del perdón de los etarras, del daño causado y del chantaje permanente de esos indeseables se puede escribir mucho pero, como sostiene Redondo Terreros, un Estado de derecho tiene que situarse por encima de todos esos y demostrar su grandeza también con medidas como esta. Eso es lo que cabría esperar de un ministro del Interior con una sólida formación jurídica, como Juan Ignacio Zoido. Que sí, que la política es un instrumento que debe servir para avanzar, para progresar, y no para repetir un discurso empantanado y recreado en una realidad que ya no existe. Aplicar el imperio de la ley, como dice Zoido, no es mantener una medida excepcional como la dispersión de presos. Y antes de que España se vea forzada a ello por presiones externas, de tribunales europeos, o, peor aún, por el cambalache de una negociación presupuestaria con el PNV, debe ser el ministro del Interior el que tome, con firmeza y valentía, esa iniciativa y la lleve al pacto antiterrorista.
Un Estado de derecho tiene que situarse por encima de todos esos y demostrar su grandeza también con medidas como esta
¿Es Zoido ese tipo de ministro? Un periodista sevillano, Carlos Navarro Antolín, autor de una biografía autorizada de Juan Ignacio Zoido, es una de las personas que mejor conocen al exalcalde de Sevilla y, con la imparcialidad que da el oficio, no tiene dudas de que el ministro comparte esa estrategia de Mariano Rajoy consistente en “dejar que el tiempo se haga cargo del fin” de los problemas. Ya lo hizo en el Ayuntamiento de Sevilla, durante su etapa de alcalde, y le salió fatal. Cada día que estuvo en la alcaldía, Zoido perdió 40 votos; no hubo ni un solo distrito de la ciudad en el que no se desplomara. Nadie llegó tan alto en el Ayuntamiento de Sevilla y nadie se pegó un batacazo igual. Navarro Antolín suma un factor más, además de la “gestión gris, sin brillo alguno”: el hecho de haberse pasado los cuatro años de alcalde sin perderse un canapé, mientras desatendía sistemáticamente las citas de trabajo con representantes de distintos sectores de la ciudad. “Ha habido empresarios esperando meses una cita con el alcalde, mientras se multiplicaban las fotos de su asistencia a esos canapés donde se concentra siempre la misma Sevilla, donde solo varía el adulado, nunca el adulador”, ha dejado dicho el autor de su biografía.
En el lenguaje icónico y burlón de Cádiz, esa forma de actuar, siempre para la galería, se encuadraría en el vasto mundo de la ‘hojana’. ¿Cuál es el resultado de la hojana en política? ¿Se la podría equiparar con una forma de populismo? Como inicio de tesis, convengamos que, de momento, lo que ha quedado claro es que en una alcaldía la combinación de esos dos factores, gestión gris que no resuelve problemas y una imagen pública de hojana, el resultado es catastrófico. Cuando se cumplan los 100 días de mandato de Zoido en el Ministerio del Interior, como ya se tienen suficientes referencias suyas como gestor, se podrá adivinar qué clase de ministro va a ser.