Cómo podría salir mal esa idea de reformar la ley de Seguridad Ciudadana de la mano de los herederos etarras. Herederos en sentido figurado y literal: son los legatarios de los votos y de los votantes de Batasuna, del proyecto político y de los presos de la banda, a los que Otegi llamaba «nuestros» cuando no sabía que le grababan. También de sus víctimas, a las que siguen sin pedir un perdón que de todas maneras no les iban a conceder pero cuya simple solicitud formal representaría una expresión educada del cinismo que caracteriza su `normalización´ democrática. No lo hacen porque ni siquiera sienten el peso moral de ese legado de sangre sobre sus espaldas. Se lo ha quitado de encima el Gobierno al declararlos socios preferentes y redactar con ellos otra ley, la de Memoria, que les regala el relato del «conflicto» y acepta en todos sus términos una historia tergiversada donde se trata a los asesinos y a los asesinados con escalofriante equidistancia.

A diferencia de los independentistas catalanes, siempre ostentosos en sus reclamaciones, Bildu trabaja en silencio. No le gusta el ruido, ni le conviene a su estrategia de blanqueo porque el debate público resucita el recuerdo demasiado reciente de un pasado siniestro. Negocia con Sánchez a cencerros tapados, sin filtraciones ni aspavientos, y sólo después de obtener lo que busca en cada momento lo anuncia de un modo relativamente discreto. Ahí reside su éxito. Va a hacer un año de su apoyo a la investidura y aún no se conoce, aunque se sospeche, el precio. Para averiguarlo hay que escudriñar, casi siempre con retraso, los movimientos penitenciarios que las autoridades vascas efectúan por el método constante del goteo. Como, ayer mismo, el tercer grado de los sicarios que mataron a Fernando Buesa y su escolta y a Martín Carpena, Muñoz Cariñanos y Luis Portero. Esta vez, con la firma de una consejera socialista en el visto bueno

Ahora han logrado influencia legislativa para restringir la operatividad callejera de la policía. Gran ocurrencia del Ejecutivo es ésta de elaborar normas a medida; primero permitió a Puigdemont escribir su propia amnistía –aunque se dejase abierta una rendija por la que se ha colado la justicia– y ahora deja el marco legal del orden público en manos de un partido posterrorista. Zorros al cuidado de las gallinas; estupenda noticia para los ‘borrokitas’ y demás nostálgicos de la jarana subversiva. Y como la generosidad del sanchismo en apuros puede ser infinita, el obsequio viene con propina, vendida para más inri como contrapartida: vara alta para participar en el acoso a la prensa crítica. En eso tiene experiencia alguna señoría bildutarra que en tiempos no lejanos dibujaba en un panfleto vasco dianas con nombres de editores y periodistas. Y tampoco eran figuradas, como podrían atestiguar Santi Oleaga y José Luis López de Lacalle… si siguieran con vida.