Ni siquiera los beneficios de la legalidad son capaces de empujar a la izquierda abertzale a romper con ETA o conminarla a que se desarme. Durante días ha logrado transferir la responsabilidad de su propia suerte a las instituciones, contando con que los socialistas necesiten protagonizar la noticia del final de ETA. Pero la pelota ha vuelto a su tejado.
En medio del ruido y la confusión sobre el «devenir» de la izquierda abertzale, las voces más exigentes han reclamado que el final de ETA se dibuje en términos de vencedores y derrotados. Pero las dos preguntas que debemos formularnos son cuánto más ha de vencer la democracia a la barbarie para afianzarse como democracia, y cuánto más han de perder los terroristas aparte de dejar de serlo. La democracia debe acabar con el terrorismo sin concederle compensación política alguna a cambio de su desistimiento final. Y debe preservar la memoria y la dignidad de las víctimas sin que ésta acabe empañada por la reivindicación extremista de cincuenta años de lucha por la libertad de Euskal Herria. Esa sería su doble victoria sobre el terrorismo etarra.
En consonancia, ni ETA ni la izquierda abertzale podrían presentar su desarme definitivo como la culminación de su compromiso por todos los derechos de todos los vascos. Y mucho menos con el argumento que Antxon Etxebeste expuso la semana pasada en Hernani, cuando señaló que la renuncia a las armas no es consecuencia del cerco impuesto por el Estado de derecho, sino fruto de la constatación de que ahora no son necesarias. Dicho lo cual resulta imposible proceder al diseño de un final redondo y moralmente irreprochable. El final va a ser inevitablemente desordenado, imperfecto e insatisfactorio. Va a dejar cuentas pendientes y muchos restos de injusticia y agravio imposibles de tamizar en el momento que se verifique la liquidación de facto de ETA.
Nos estamos adentrando en un tiempo en el que los actores que componen la inercia etarra tratarán de zanjar la cuestión al menor coste para ellos. Aunque el vicepresidente Rubalcaba insista en fijar las condiciones para la legalización de la izquierda abertzale, emplazando a ésta a que conduzca a ETA al desarme o rompa con la banda terrorista, es muy probable que en el corto plazo no se produzca ni lo uno ni lo otro. Es muy probable que la izquierda abertzale insista en trasladar al Estado de Derecho la responsabilidad sobre su futuro formalizando el registro de un nuevo partido con estatutos impecables en cuanto a su literalidad, sin que ello asegure ni la renuncia de ETA a la violencia ni la condena de ésta por parte de la formación que vaya a inscribirse en el listado del Ministerio de Interior.
La izquierda abertzale representada por Rufi Etxeberria trata de evolucionar al menor coste. Puede que esté dispuesta a acallar el relato épico de una trayectoria heroica que habría permitido a Euskal Herria llegar hasta donde está, a punto de encaminarse hacia su definitiva liberación. Pero se empeñará en salvar el honor de sus seguidores impidiendo que el final de ETA conlleve un severo juicio histórico contra esa misma trayectoria.
La concurrencia o no de la izquierda abertzale a los comicios locales y forales del próximo mayo aparece como la prueba definitiva de la solidez del Estado de Derecho frente a la posibilidad de que Batasuna pretenda regresar a la legalidad sin romper con ETA ni lograr el desistimiento de la banda. Si las cosas continúan como están, el Gobierno y la Fiscalía General no tendrán más remedio que impugnar el registro de la nueva sigla de la izquierda abertzale ante el Tribunal Supremo. Es más, a la izquierda abertzale no le es suficiente con convencer a los socialistas en el Gobierno de Madrid y de Vitoria de que su decisión de desprenderse del pasado violento es irreversible.
Aparte de las complicidades que sus dirigentes puedan tejer en el periplo que han emprendido para dar cuenta de su buena disposición, la izquierda abertzale necesita aportar pruebas fehacientes a la opinión pública de que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. Ni la confirmación de la tregua de meses en cuanto a las «acciones armadas ofensivas» -incluida su eventual extensión al resto de la actividad coactiva de ETA- ni la apuesta verbal por medios pacíficos y democráticos, al modo de la declaración de ayer en Alsasua, les será suficiente para asegurarse un lugar entre las candidaturas que se presenten a los comicios locales y forales.
La izquierda abertzale trata de abrirse camino hacia su legalización al menor coste. Puede mostrarse formalmente dispuesta a cumplir con las exigencias de la Ley de Partidos. Pero para ella representaría un desgarro insoportable tener que emplazar a ETA para que deje definitivamente las armas; sobre todo si se ve conminada a advertir previamente de que condenará o repudiará cualquier manifestación de violencia. Es verdad que necesitaría volver a las instituciones, pero hoy no está en condiciones de pretenderlo dejando de lado su propio pasado y liberándose de la dictadura etarra. Sería un precio demasiado elevado hasta para obtener los beneficios de la legalidad.
Las cosas no están por ahora tan maduras como para que la izquierda abertzale pueda personarse ante las urnas del 22 mayo. Durante los últimos días ha logrado transferir la responsabilidad sobre su propia suerte a las instituciones, contando con la necesidad que los socialistas podrían tener de protagonizar la esperada noticia del final de ETA, o cuando menos de precipitar la ruptura entre la banda y la izquierda abertzale. Pero se ha tratado de una ilusión fugaz, porque de nuevo, entre informaciones y desmentidos, la pelota ha sido devuelta a su tejado.
Kepa Aulestia, EL DIARIO VASCO, 30/10/2010