EL MUNDO 28/10/13
SANTIAGO GONZÁLEZ
Tuvo ayer reflejos el partido que gobierna al enviar a la concentración de Colón a una representación cualificada de su directiva. La ausencia habría convertido al Ejecutivo en blanco muy principal de la protesta, trance que se ahorraron con la presencia de los vicesecretarios generales, que se llevaron algunos abucheos, junto a una nutrida representación que incluía a los dirigentes vascos y diputados de todas las Españas. El resultado fue un mitin conmovedor en el desfile de las víctimas y respetuoso hasta lo inverosímil: nadie señaló desde los micrófonos a un culpable unívoco.
Hay, eso sí, versiones, no todas coincidentes con los hechos. Se asombraba HannahArendt de la tendencia de sus compatriotas a tratar los hechos como si fueran opiniones: «En el sur de Alemania, una mujer –por lo demás de inteligencia media– me contó que la guerra la habían empezado los rusos con un ataque relámpago a Danzig». También aquí pasa. En el norte de España, un ex político con estudios superiores, RobertoLertxundi, reprochaba el fallo de Estrasburgo al «gran error de Aznar y Zapatero por no haber hecho los cambios legales necesarios».
Hombre, no. El PP ha querido introducir «los cambios legales necesarios» desde antes de existir. Fraga lo anunció en el debate de la segunda investidura de González, nueve días después del atentado en la plaza de la República Dominicana (23 de julio de 1986) y su grupo lo tradujo a dos proposiciones de ley rechazadas por los socialistas. Las intentonas del PP se produjeron en 1989, 1990 y 1991, ocasión esta última en la que se encargó de rechazar la petición el diputado Zapatero, el 12 de noviembre exactamente. Está todo en el Diario de Sesiones del Congreso. El decano de la prensa socialdemócrata elidía ayer con gran arte estos detalles.
Va a ser difícil que haya un acuerdo mínimo sobre la sentencia de Estrasburgo en el reino de la elipsis. La sentencia del TEDH, aun no repugnando la razón, tiene algunos problemas, aunque sólo de dos clases: técnicos y políticos. Es un problema que un tribunal se pronuncie en contra de su jurisprudencia: tres sentencias suyas habían desestimado las querellas contra el Reino Unido (en 1986 y 2005) y Chipre en 2008. Es otro problema que las sentencias del Supremo y el Constitucional hayan sido examinadas por sus votos particulares. Llama la atención que no se hayan puesto en cuestión unos beneficios penitenciarios alcanzados mediante falsedad, al haberse matriculado con un DNI inexistente y cursar Periodismo en «grupos presenciales» mientras estuvo encarcelada. Reprochar esto a Inés del Río sería como afear a Hannibal Lecter que se mordiera los padrastros, pero algún relieve debe de tener al traducirse en unos beneficios que le han llevado a la libertad.
Hay también algún problema político, ya está escrito: que el juez que representa a España haya hecho de fiscal para pedir la condena de España en un tribunal internacional. ¿Qué puede pensar el juez turco? El británico no. Mahoney, que se educó en escuela jurídica distinta a la de LópezGuerra, sostiene que la mayoría «parece haber estirado el concepto ‘pena’ más allá de su significado natural y legítimo». Los ingleses son así: su Justicia carece de complejos y no ha tenido la misma prisa que la AN para soltar a Troitiño. Finalmente, no se entiende que el Gobierno no revocara al nuestro, para dejar el Estado de la cuestión en el mismo punto en que estaba cuando Fernández de la Vega fulminó sin más a su antecesor, el razonable juez Borrego.