La pretensión de Zapatero de que un cambio de nombre impida la acción judicial contra el brazo político por los delitos anteriores a ese cambio, da una idea de lo lejos que está dispuesto a ir el presidente en la construcción de una legalidad artificial alrededor de la banda terrorista.
SIN disolución de ETA, sin entrega de armas, sin final de la violencia, de la persecución, del chantaje y de la extorsión, sin arrepentimiento, sin petición de perdón, Zapatero pretende legalizar a una parte de de la banda terrorista. A Batasuna. Es el mecanismo con el que planea hacerle concesiones políticas en la mesa de partidos que podrían pasar por legales, democráticas y legítimas.
Este es el eje central del diseño gubernamental de lo que llaman proceso de paz. Pero se sostiene en una contradicción insostenible e insuperable. La de la distinción social y legal entre ETA y Batasuna. A estas alturas, es imposible sostener esa ficción. Pero no tanto porque ETA se niegue a la escenificación teatral correspondiente sino porque hay demasiada evidencia policial, judicial y social acumulada sobre la dependencia de Batasuna de la cúpula etarra. Y porque hay una ley de partidos en la que no hay ninguna manera de encajar un sucedáneo de Batasuna, ni con los más imaginativos formalismos de condenas genéricas a la violencia.
La pretensión de Zapatero de que un cambio de nombre impida la acción judicial contra el brazo político por los delitos anteriores a ese cambio da una idea de lo lejos que está dispuesto a ir el presidente en la construcción de una legalidad artificial alrededor de la banda terrorista. Pero ni toda su voluntad es suficiente para desmontar las evidencias acumuladas en tres décadas de trabajo policial y judicial.
El auto por el que Garzón suspendía las actividades de Batasuna en agosto de 2002 concluía que Batasuna, o Herri Batasuna o Euskal Herritarrok, forman parte de un entramado terrorista en el que ETA ejerce tanto la dirección máxima como la violencia terrorista mientras que estos grupos prestan ayuda logística y operativa y colaboran en aterrorizar a ciudadanos e instituciones. Entonces y ahora aún más, hay algunos que pretenden saltarse este auto con alusiones a la «doctrina Garzón» dando a entender que la vinculación ETA-Batasuna es un capricho de Garzón, una mera interpretación.
Pero resulta que aquel auto estaba sostenido en un sinfín de pruebas contundentes, abrumadoras y concluyentes sobre la dependencia de Batasuna de la cúpula de ETA, todas las acumuladas por los cuerpos policiales en años de investigación. Y resulta también que todo ese trabajo fue avalado después por una sentencia del Supremo que ilegalizó Batasuna en marzo de 2003.
Como hay muchos dispuestos a cerrar los ojos a hechos gravísimos que ya han sido probados por los tribunales, nos queda, al menos, la ley de partidos. Ni siquiera Zapatero se atreve a derogarla porque es imprescindible para la construcción de legalidad alrededor de la mesa de partidos. Y ni con todo su voluntarismo o indicaciones como las del jueves es posible que, sin una disolución previa de ETA, Batasuna o sus sostenedores puedan saltarse el artículo 8 de esa ley con un mero cambio de nombre y una condena genérica de la violencia.
Edurne Uriarte. ABC, 14/10/2006