Hablan de «condena al Parlamento vasco» y de que el Estado español está rompiendo el pacto de convivencia de la Transición. ¡Cuidado con las palabras!, que las carga el diablo armado de explosivos. Tras la mayúscula campaña institucional contra la Justicia, nuestros representantes asistirán impávidos a recoger los cascotes del Palacio de Justicia de turno.
El PNV no se esperaba esto. Es cierto que no las tenía todas consigo ni en el ‘caso Atutxa’ ni en el ‘caso Ibarretxe’. Pero después de la sentencia sobre el ‘caso Botín’ en la que el alto tribunal descartó la apertura del juicio oral porque contaba tan sólo con una acusación popular, los nacionalistas creyeron que el caso del ex presidente del Parlamento vasco estaba ganado. Que se había abusado tanto de la acción popular que el legislador terminaría por retirarlo. Si la Fiscalía había solicitado la absolución y no había acusación particular, miel sobre hojuelas. Pero el tribunal ha condenado a los imputados por no disolver al grupo de Otegi en el Parlamento.
La indignación, por la condena inesperada, ha sido de tal calado que el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se lamenta de que las principales instancias judiciales se hayan convertido para algunos, en su opinión, en «refugio y defensa de las ideas y de los grupos de ultraderecha». Desde la televisión pública vasca se habla de «condena al Parlamento vasco» (cuando se ha condenado a tres representantes de los tres partidos del Gobierno). Y el lehendakari denuncia que el Estado español está rompiendo el pacto de convivencia de la Transición.
Habrá que tener cuidado con las palabras, que las carga el diablo armado de explosivos. En Euskadi, mucho más. Luego, nuestros representantes asisten impávidos a recoger los cascotes del Palacio de Justicia de turno después de que la campaña institucional contra la Justicia haya sido mayúscula. Tanto ha sido la presión de los nacionalistas sobre los jueces en esta legislatura, que el Consejo General del PoderJudicial tuvo que salir en defensa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que dejaran ya su campaña de hostigamiento. Fue un apoyo unánime. De conservadores y progresistas. Todo un símbolo.
Eso ocurrió hace justamente un año. Pero las autoridades nacionalistas no pueden someterse al dictado de la Ley. Si las sentencias no les son favorables, se suben al monte. Para refrescar la memoria hay que recordar que no se trata de que Atutxa, así como Knörr y Bilbao, sean delincuentes. Se trata de que desobedecieron la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario de Batasuna que, bajo otras siglas, disfrutó de la legislatura aun estando ilegalizada.
Atutxa recurrirá. Pero como ya está agotada la vía judicial del recurso de casación, le queda el Tribunal Constitucional para reclamar la tutela de sus derechos fundamentales. En cualquier caso, esta instancia no podrá decir nada acerca de si fue delito o no su desobediencia al no disolver el grupo de Batasuna. «Roma locuta». Los parlamentarios y concejales tendrán que tomar nota porque la suspensión de actividades de EHAK y ANV está al caer.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 23/1/2008