Más allá del potencial electoral del nacionalismo radical, el grado de influencia de su cultura política es angustioso, favoreciendo la pervivencia de ETA. Un nuevo ‘Plan de Educación para la Paz’ debe basarse en un honesto y valiente diagnóstico del estado de esa educación, buscando una deslegitimación de la violencia, imprescindible para la convivencia democrática.
Hace escasos días se aprobó en Consejo de Gobierno el ‘Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011)’, y la opinión pública, e incluso la comunidad educativa, han permanecido ajenas al debate que en algunas esferas del Gobierno vasco y en algunos círculos asociativos se ha producido. Entre otras razones, porque la educación que se refiere a cuestiones de paz y derechos humanos, más en particular, a la forma de enfrentarse desde la educación a algo tan ‘nuestro’ y específico como es la violencia terrorista y la cultura de la violencia tan cómodamente instalada entre nosotros, la percibimos y la sentimos como algo etéreo, resbaladizo y conflictivo. En el reino del relativismo cultural y filosófico y de su correlato educativo, la neutralidad del educador frente a estas cuestiones, lo antedicho forma parte de lo que se considera normal. A mayor abundamiento, el citado plan va a tener una asignación presupuestaria de algo más de seis millones de euros que, frente a las de los grandes planes gubernamentales, es como una humilde palabra en el conjunto de palabras de este artículo. Pues bien, a pesar de ser un plan que trata de educación, de paz, de derechos humanos, de violencia, de convivencia, de conflictos , a pesar de contar con un humilde aunque suficiente presupuesto, tiene especial importancia. ¿Hablamos del primer plan vasco de educación para la paz tras cerca de treinta años de gobiernos democráticos en un contexto asfixiante de violencia terrorista!
Aportemos algo de información sobre cómo se ha gestado el plan. La propuesta inicial fue formalmente elaborada por la Comisión Interdepartamental de Educación en Derechos Humanos y por la Paz del Gobierno vasco -integrada por siete direcciones de otros tantos departamentos, entre ellas la Dirección de Innovación Educativa, la de Derechos Humanos y la de Víctimas-, y efectivamente confeccionada por la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia. Esto no habría sido un problema si el documento de partida hubiese sido bueno, y si nuestro Gobierno funcionase bien y se coordinase efectivamente. Ni lo uno ni lo otro han sido así. Tal documento, en sus tres versiones, ha ido engordando de 40 a las más de 200 páginas de la última aprobada, como si la suma de palabras y más palabras condujese de forma ineluctable a una mayor calidad de la propuesta. El documento final, algo mejorado respecto a la primera versión, sigue siendo pobre y confuso conceptualmente, generalista y desigual, autocomplaciente en el análisis de la acción gubernamental en esta materia, acumulativo y desordenado en la exposición de las acciones de las administraciones públicas, empalagosamente correcto en el enfoque de las relaciones Gobierno-sociedad civil. Además, se ha fundamentado en un diagnóstico irrelevante.
En mi opinión, cuando las instituciones de cualquier país democrático avanzado definen sus políticas elaboran buenos diagnósticos previos, establecen objetivos, estrategias y modelos de gestión, y avanzan las grandes líneas programáticas de intervención de las diferentes instituciones concernidas o los criterios para la participación de las organizaciones sociales. Para ello cuentan con políticos experimentados y técnicos competentes y, si lo necesitasen, acceden a personas u organizaciones expertas. Son capaces, en definitiva, de elaborar documentos acabados, bien fundamentados. Naturalmente, establecen los necesarios espacios para la participación ciudadana. Pero nunca confunden el papel que les corresponde como institución y el que corresponde a la sociedad civil. Todo lo contrario de lo que ha hecho nuestro Gobierno, que ni ha sido capaz de presentar un buen documento marco ni ha acertado en la definición del proceso participativo para la elaboración del plan.
Respecto al documento, dos ejemplos de la mala literatura en el análisis del contexto social en el que se inserta el plan. Uno, de la versión de junio de 2007 (página 20): «La sociedad vasca vive lastrada por la violencia y la falta de normalización política desde hace varias décadas». Pesada letanía la de la normalización política que, amén de aburrida, es cínica y victimista si consideramos, entre otros muchos aspectos, la fuerte presencia nacionalista en los sucesivos gobiernos autonómicos y en el resto de las instituciones vascas a lo largo de las tres últimas décadas, y a lo ancho de todos y cada uno de los rincones de este país. La capacidad del nacionalismo de conformar a su manera el entramado institucional vasco, y de definir y ejecutar el conjunto de las políticas públicas en nuestra comunidad, ha sido extraordinario. Gracias a la oposición, esta frase ha quedado en: «La sociedad vasca vive todavía hoy lastrada por el terrorismo de ETA». El segundo ejemplo procede del documento de noviembre de 2007 (p. 23): «Si bien el apoyo social al terrorismo es hoy en día muy reducido socialmente ( )». Frase falta de rigor que minimiza la gravedad de ese supuesto reducido apoyo social. Lo significativo, por ejemplo, no es que la extrema derecha en Francia tenga mayor o menor peso electoral, sino que su influencia en la cultura política francesa es importante y preocupante. En nuestro país, más allá del potencial electoral del nacionalismo radical, el grado de influencia de su cultura política es angustioso. En todo caso, el apoyo social al terrorismo de ETA, sea el que fuese, hace posible todavía la existencia de esta organización.
Entiendo que la forma de caracterizar la sociedad vasca es determinante de cara a establecer los principios rectores, las líneas estratégicas, los ámbitos de actuación, los actores y los programas de cualquier plan de educación para la paz. Creo, por responsabilidad política y por buen hacer democrático, que este plan debe ser debatido y consensuado en el Parlamento vasco. Adelanto que, en mi opinión, debe redactarse un nuevo documento elaborado por expertos vascos y de otras comunidades españolas de reconocido prestigio en su reflexión ético-pedagógica de la educación para la paz y con conocimiento suficiente y desnacionalizado de nuestra realidad sociopolítica, y no tanto por expertos u organismos internacionales, a veces acomodaticios o moldeables por las autoridades competentes. Un documento que se fundamente en un certero, honesto y valiente diagnóstico del estado de la educación para la paz en el País Vasco y que se convierta en una buena herramienta para ese difícil, pero ineludible, proceso educativo de deslegitimación de la violencia sin el que la convivencia democrática no será posible en este atribulado país. En definitiva, un plan a la altura del principal reto y conflicto que tenemos en esta sociedad, la superación de la violencia terrorista y de su sistema de creencias, discursos y prácticas asociado.
Josu Ugarte Gastaminza, EL DIARIO VASCO, 21/1/2008