EL MUNDO – 01/10/15
· Sus abogados impidieron que una testigo clave declarase en su contra el pasado día 16 Dice que el 9-N fue «una revolución democrática».
La teoría de la conspiración que el nacionalismo ha hecho planear sobre la imputación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, inmediatamente después de las elecciones, tiene una explicación mucho menos romántica. Durante la pasada campaña electoral, sus propios abogados pidieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que adelantara la citación del president a la de varios testigos que estaban previstos, ya que de esta forma se «hacía valer el derecho de defensa», según ellos, de los imputados.
Sobre su inculpación, Mas presumió ayer de haber sido «democráticamente rebelde ante el Estado por poner las urnas», aunque negó haber cometido un delito de desobediencia. Además, dijo que las querellas por el 9-N «están superadas desde el punto de vista político» por la movilización del 27-S.
Esta petición de comparecer del propio Artur Mas chocaría con el argumento de que se trataría de una decisión ajena al proceso judicial. En este sentido, el portavoz de Convergència en el Congreso, Pere Macias, apuntó que la citación de Mas respondía a una «persecución política» para descabalgar al ganador de las elecciones del 27 de septiembre, mientras que el coordinador general de la formación, Josep Rull, afirmó que su imputación afecta «a la dignidad de todo un país». Incluso Mas en persona aseguró ayer en una entrevista a Catalunya Ràdio que no tiene «ni vocación de mártir ni de héroe», sino que es un «modesto servidor» que acudirá a declarar el 15 de octubre tras participar en el homenaje al ex presidente Lluís Companys, fusilado ese día hará 75 años.
Mas dejó entrever cuál será su posición ante el TSJC, ya que volvió a asegurar que él se dirigió al Tribunal Constitucional para que concretara los actos que quedaban suspendidos por la resolución sobre el proceso participativo y no obtuvo respuesta. Por eso, dijo que se considera «democráticamente rebelde ante el Estado por poner las urnas» pero negó la desobediencia. También destacó que no ha habido malversación ya que algunos de los gastos, como la compra de ordenadores, se destinaron a escuelas e institutos.
Hace ya dos semanas que el TSJC recibió la petición de Mas de acudir a declarar
En un recurso presentado el 16 de septiembre pasado, durante la campaña electoral, los letrados Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina –que representan al presidente, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la consejera Irene Rigau– se oponían a la declaración prevista para el 21 de septiembre, aunque luego fue suspendida, de Dolores Agenjo, directora de un instituto de L’Hospitalet que se negó a ceder las llaves del centro para celebrar la consulta.
En ese escrito, la defensa de los tres imputados considera que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la declaración de los imputados debe producirse antes que la de los testigos, aunque en este proceso judicial ya han declarado cuatro personas. Además, argumentan que es en esta «primera declaración» cuando se informa al imputado de los hechos que se le atribuyen, por lo que entienden que «parece lógico determinar que el orden natural de la práctica de las diligencias de instrucción sea el de iniciar las actuaciones con la toma de declaración de los querellados, ya que es el medio para hacer valer el derecho de defensa y de un procedimiento con todas las garantías» de la Constitución.
El recurso recuerda que poco después de la declaración de la directora de instituto se celebrarían las elecciones autonómicas y que la testigo iba en las listas de Ciutadans. «La presente querella tiene un indudable trasfondo político», indican los abogados, que ayer se reunieron para realizar una estrategia común de defensa en este proceso. Ortega y Rigau declararán el día 13 de octubre y Mas, dos días después.
La Fiscalía Superior de Cataluña salió al paso ayer de los ataques por la imputación de Mas asegurando que habría sido «poco sensato» que el magistrado instructor, Joan Manel Abril, citase al president «en pleno proceso de formación de la voluntad popular», por lo que ve adecuado que se haya respetado el «proceso electoral» para imputarlo. El Ministerio Público indica en un comunicado que la fecha elegida «ha respondido adecuadamente tanto a la necesidad de recoger un mínimo de evidencias sobre los hechos objeto de la investigación, como al respeto al reciente proceso electoral», por lo que exigió respeto a la independencia judicial y lamentó «las actuaciones que, desde ámbitos políticos y mediáticos y de forma interesada, cuestionan su legitimidad».
También recuerda que actúa «como defensora de la legalidad, del interés público y de los derechos de los ciudadanos, manteniéndose en la más estricta imparcialidad, ajena por completo al juego político», y añade que, en un procedimiento penal, la declaración de los querellados «es una exigencia legal, consecuencia necesaria de la admisión de la querella por un órgano judicial».
EL MUNDO – 01/10/15