Editorial, EL CORREO, 9/7/11
El forzoso reajuste del Gobierno al que obliga su salida alimenta la hipótesis del adelanto electoral
La confirmación ayer por Alfredo Pérez Rubalcaba de que abandona sus cargos en el Gobierno como vicepresidente, ministro de Interior y portavoz, la víspera de su designación como candidato a la Presidencia en sustitución de José Luis Rodríguez Zapatero, ha evitado que se prolongara la inconveniente controversia sobre su permanencia como ‘hombre fuerte’ del Ejecutivo. Sobre la salida de Rubalcaba no pesaba obligatoriedad legal alguna y, en términos políticos, pesaban argumentos a favor y en contra de su continuidad: la visibilidad que proporciona la acción gubernamental podía acabar actuando como un elemento de desgaste para un candidato que con su mensaje de hoy ante el comité federal del PSOE pretenderá reanimar el discurso de la izquierda y, con él, a las bases socialistas. Pero resultaba difícilmente sostenible que quien va a disputar a Mariano Rajoy la Presidencia del Gobierno siguiera en el mismo con el riesgo de confusión, real o inducida, entre los intereses comunes y los del partido. Los primeros exigen, de hecho, que Rodríguez Zapatero agilice el reajuste que tendrá que efectuar en su Gabinete tras la marcha de Rubalcaba. Un reajuste y una marcha que, inevitablemente, alimentan la impresión de que la legislatura ha entrado en su tramo definitivo. Al igual que ha ocurrido con la conveniencia o no de que el todavía vicepresidente prosiguiera durante algún tiempo más con sus responsabilidades gubernamentales, Rodríguez Zapatero tiene sobre la mesa factores a favor y en contra de adelantar las elecciones generales a otoño o intentar agotar hasta el último día -marzo de 2012- su mandato. Una determinación esta última que no solo depende de la capacidad del presidente para culminar el proceso de reformas económicas forzado por la gravedad de la crisis, sino de condicionantes externos como los apoyos de la oposición a los Presupuestos para 2012 o la evolución de una situación económica aún bajo amenaza. Pero el hecho mismo de que el debate público sobre el anticipo electoral o no acabe sepultando toda la ejecutoria política del Gobierno parece alentar más la hipótesis de los comicios antes de final de año. Decisión que, en todo caso, Rodríguez Zapatero está obligado a adoptar en función de las necesidades del país y no de las conveniencias de su partido.
Editorial, EL CORREO, 9/7/11