EL PAÍS 10/09/15
· El partido plantea una reforma que fija las competencias que el Gobierno tiene en exclusiva y no puede ceder; así como los casos en los que tiene preeminencia sobre las Autonomías
Ciudadanos estudia una propuesta de reforma de la Constitución que establezca una lista de competencias exclusivas del Estado (que no podría delegar), otra de materias compartidas con las autonomías (detallando los casos en los que la legislación del Gobierno tendría preeminencia) y una cláusula que daría a las comunidades exclusividad sobre asuntos no incluidos en los apartados anteriores. El partido debe decidir ahora si aprueba e incluye el modelo en su programa.
“Lo importante es que el Estado disponga de instrumentos de coordinación y vigilancia”, explicó una fuente conocedora de los trabajos de la comisión de reforma constitucional e institucional de Ciudadanos, en la que figuran, entre otros, los catedráticos Francesc de Carreras, Mercedes Fuertes, Andrés Betancor y Francisco Sosa Wagner; la abogada del Estado Elisa de la Nuez; y el notario Rodrigo Tena. “Se trata de clarificar el caos actual. No es tanto recentralizar o descentralizar como ordenar y clarificar, evitando abusos y vulneraciones constitucionales claras por la puerta de atrás como se han venido produciendo en los últimos años, con la consiguiente conflictividad política y jurídica”, siguió. “No reconocemos una asimetría entre comunidades autónomas precondicionada en textos legales, sino que será siempre una asimetría de resultado producto de la gestión de cada una de ellas”, añadió. “El Estado debe disponer de instrumentos para garantizar a todos los españoles unos derechos básicos”.
El vigente reparto de competencias recogido en la Constitución ha sido señalado por diversos constitucionalistas como fuente de conflicto porque no está totalmente cerrado: hay un artículo (149) que establece las competencias exclusivas del Estado; otro (148) de competencias que las comunidades “podrán asumir”; y otro (150.2) que deja la puerta abierta a que el Estado delegue en las comunidades “facultades correspondientes a materia de titularidad estatal”, sin especificar claramente cuáles podrían ser.
Menos consenso jurídico existe sobre cómo acometer los hipotéticos cambios en el Senado. El grupo de expertos ya ha elaborado las líneas maestras de una reforma, pero aún abierta a cambios. Sobre la mesa de la ejecutiva del partido hay un diseño del Senado con unos 80 miembros, que convierte a la institución en Cámara de primera lectura en materias de incidencia autonómica; y que limita su papel actual como Cámara de segunda lectura. “La elección indirecta de sus miembros es objeto de estudio”, explicó un responsable de Ciudadanos. “Se convertiría en una Cámara especializada en las cuestiones de incidencia autonómica, que pueda también convertirse en un espacio de concertación y cooperación entre las comunidades y de estas con el Estado”.
Rivera pretende una reforma “técnica” de la Constitución que esté marcada por el consenso con el resto de fuerzas políticas. Su capacidad para aplicar esas propuestas dependerá del músculo que gane Ciudadanos con las elecciones generales de fin de año, en las que el partido se ha marcado un suelo de 35 diputados, un techo de 50 y el objetivo de lograr al menos 43. Que esos escaños sean clave para la gobernabilidad de España marcará si los cambios que ahora estudia la formación llegan a ver la luz o se quedan en el cajón de las propuestas.