El PP advierte al PSOE de que si se hubiera rechazado la admisión a trámite del plan en la Mesa, se habrían evitado los resquicios legales que ahora buscan el PNV e IU.
El debate sobre el plan Ibarretxe tendrá lugar en el Congreso de los Diputados el próximo 1 de febrero. Así lo acordaron ayer la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, con los votos del PSOE, el PP y Coalición Canaria y la oposición del resto de los grupos minoritarios.
Socialistas y populares también sumaron fuerzas para rechazar los recursos presentados por el PNV e IU contra la tramitación decidida hace una semana por la Mesa del Congreso. Los nacionalistas vascos y sus socios en el Ejecutivo de Ibarretxe pretendían que el proyecto secesionistas tuviera una tramitación que permitiera la presentación de enmiendas y un análisis conjunto entre el Congreso de los Diputados y el Parlamento autonómico de Vitoria.
La negativa de los grupos mayoritarios a aceptar esas tesis hizo que el PNV, EA e IU se decataran por el último atajo con el que frenar su derrota en el Pleno del 1 de febrero. Así, decidieron acudir al Tribunal Constitucional para que se detenga el procedimiento con sendos recursos de amparo en los que piden la suspensión cautelar del calendario establecido por el Congreso.
La resolución de 1993
Si el TC no lo evita, el plan Ibarretxe será debatido en una única sesión, tal y como establece la resolución de la Presidencia del Congreso sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía, aprobada por unanimidad en el año 1993. El Pleno comenzará con la defensa del plan Ibarretxe por parte de una delegación del Parlamento vasco -de hasta un máximo de tres miembros que la Cámara autonómica elegirá el próximo día 31-, seguirá con la fijación de posición de los grupos y concluirá con una votación en la que el texto quedará, previsiblemente, rechazado.
La Junta de Portavoces acordó también que el debate de totalidad del plan Ibarretxe sea flexible en la administración de los tiempos que utilizarán los portavoces de los grupos y, para ello, se aplaza a la semana siguiente el resto del orden del día del Pleno del 1 de febrero, que se dedicará íntegramente al debate del plan Ibarretxe.
Las minorías -salvo CC- no están de acuerdo con esa tramitación del plan Ibarretxe en la Cámara Baja, ya que consideran que, según el artículo 151.2 de la Constitución, debe constituirse una comisión bilateral del Congreso y el Parlamento vasco antes de proceder a la votación de la reforma de Estatuto de autonomía de una «nacionalidad histórica». En una rueda de prensa conjunta de PNV, EA, CiU y ERC -estos dos últimos grupos acudieron para apoyar los argumentos de los dos primeros-, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Josu Erkoreka, afirmó que la decisión de ayer de los órganos de la Cámara es «la primera expresión férrea del acuerdo del PP y el PSOE para controlar estrechamente la evolución del Estado autonómico».
Erkoreka explicó que las argumentaciones ofrecidas por los grupos mayoritarios para rechazar los escritos de reconsideración de PNV e IU fueron, en su opinión, insuficientes y que la resolución de 1993 alegada para tramitar la petición de reforma en un único pleno es, según él, «inconstitucional». En parecidos términos se expresó la diputada de EA, Begoña Lasagabaster, quien recalcó que el procedimiento no es una cuestión «baladí» porque, según indicó, se ha violado el acuerdo alcanzado hace 25 años de negociar de forma «bilateral y paccionada» las reformas de los Estatutos de Autonomía.
El PSOE y el PP rechazaron los argumentos de los nacionalistas vascos. El portavoz del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que su partido ha defendido el «cumplimiento escrupuloso de la legalidad». En su opinión, la Carta Magna deja «clarísimo» que «una cosa es la elaboración de un Estatuto y otra su reforma». Además, llamó la atención sobre la paradoja que supone que esos grupos estén dispuestos a llevar al TC el trámite de una ley que es «la más inconstitucional que ha visto esta Cámara».
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, advirtió al PSOE de que si se hubiera rechazado la admisión a trámite del plan, se habrían evitado los resquicios legales que ahora buscan el PNV e IU para paralizar el debate en el TC.
ABC, 26/1/2005