EDITORIAL EL MUNDO 20/03/14
PÉREZ DE LOS COBOS realizó ayer un discurso impecable en defensa de la Constitución que delimita perfectamente el terreno de juego en el que los políticos deben dirimir el problema del secesionismo en Cataluña. Es difícil encontrar en los últimos años un alegato tan preciso y clarificador por parte de un presidente del Alto Tribunal. Sus palabras tienen además el valor de haber sido pronunciadas en un momento particularmente delicado como consecuencia del desafío planteado por las autoridades catalanas.
Pérez de los Cobos trazó dos líneas rojas que nadie puede traspasar en un Estado de Derecho, ni siquiera los representantes legítimos de los ciudadanos: la legalidad y la lealtad constitucional. El primer precepto determina que no hay leyes válidas fuera de la Constitución y que el legislador está sujeto a ella. El segundo, que los poderes públicos «deben abstenerse de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen al interés general».
Exquisito en las formas, no aludió expresamente a Artur Mas, pero es evidente que se refería al presidente catalán. Con precisión jurídica fue desmontando el andamiaje conceptual de los independentistas. Explicó, por ejemplo, que la «lealtad» no significa «adhesión emocional» a la Constitución, sino «aceptación sin reservas de todas las reglas» que emanan de ella. En ese sentido, dijo que la Carta Magna «ampara la convivencia de todos, incluso de quienes no participan de sus valores y querrían sustituirlos por otros», pero advirtió de que, quienes se planteen ese propósito, deben intentarlo respetando las reglas que la propia Constitución establece.
Las manifestaciones del presidente del Alto Tribunal llegan sólo 48 horas después de las pronunciadas por Carlos Lesmes, presidente del Supremo, que, en una entrevista a EL MUNDO, subrayaba que «las decisiones unilaterales no encajan en la Constitución» y que la soberanía nacional «no es divisible». El Constitucional y el Supremo se erigen así como un dique de contención, una muralla jurídico constitucional que, por su naturaleza y objetividad, queda blindada a intereses políticos coyunturales.
Pero además de en el plano judicial, el problema se dirime en el ámbito político. Ahí el presidente del Gobierno volvió ayer a mostrarse firme en el Congreso: «No habrá referéndum. No se puede celebrar. La capacidad de decisión es del conjunto del pueblo español». Rajoy respondió a Alfred Bosch, de Esquerra Republicana, que nadie puede situarse por encima de la Constitución. Los independentistas solicitaban al Gobierno que aceptara la celebración de la consulta que Mas pretende celebrar el 9 de noviembre. Rajoy animó a quienes no estén de acuerdo con las reglas que impone la Constitución a que utilicen los cauces legales para plantear su modificación. Y concluyó con un recado a Bosch que indica que el Gobierno no va a rehuir la contienda: «No quiero una Cataluña empobrecida, fuera de la UE, de la ONU y al margen de los Tratados. No se lo merece. Ni siquiera se lo merece usted».
Es positivo que Rajoy haya dado un paso adelante para no dejar el campo abierto a los independentistas, pero sobre todo es tranquilizador que dos altas instituciones como el Constitucional y el Supremo tengan las ideas tan claras.
EDITORIAL EL MUNDO 20/03/14